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Arévalo demostró que, incluso luego de años de erosión, la democracia puede prevalecer si los líderes políticos anteponen el constitucionalismo a la confrontación.
Arévalo demostró que, incluso luego de años de erosión, la democracia puede prevalecer si los líderes políticos anteponen el constitucionalismo a la confrontación.
SAN JOSÉ—Tras dos años de batallas políticas encarnizadas, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, logró finalmente nombrar en mayo a un nuevo procurador general. Al sustituir a un procurador corrupto por uno honesto, Arévalo demostró que, incluso luego de años de erosión, la democracia puede prevalecer si los líderes políticos anteponen el constitucionalismo a la confrontación.
Los observadores internacionales muchas veces se centran tanto en los retrocesos democráticos que pasan por alto los avances democráticos. Sin embargo, la reciente lucha de Guatemala merece una atención mucho mayor. Después de que Arévalo ganara por un amplio margen la segunda vuelta de agosto de 2023, el Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, impugnó los resultados, emprendió acciones legales contra el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, y llevó a cabo investigaciones que fueron consideradas por muchos como intentos de bloquear el traspaso de poder.
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Sin embargo, las autoridades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil organizaron manifestaciones pacíficas masivas para exigir que se respetara el resultado de las elecciones. Sus esfuerzos, junto con la creciente presión internacional, resultaron decisivos. Tras meses de incertidumbre, que se prolongaron hasta la noche de la asunción, Arévalo tomó finalmente posesión de su cargo en enero de 2024.
La lucha democrática de Guatemala, de todos modos, no hacía más que comenzar. Este año llegó otro momento decisivo para las instituciones del país: era el momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional (que se renuevan cada cinco años), a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (que se renuevan cada seis años) y, quizá lo más importante, al próximo procurador general (cuyo mandato es de cuatro años).
El mandato de ocho años de Porras fue polémico no solo por la reacción del Ministerio Público ante la elección de Arévalo. Bajo su liderazgo, este organismo autónomo fue acusado de socavar los esfuerzos contra la corrupción, de instrumentalizar el sistema judicial en contra de los críticos y de obstaculizar los procesos democráticos. Cientos de personas -entre ellas periodistas, fiscales anticorrupción, jueces, líderes indígenas y figuras de la sociedad civil- se vieron obligadas a exiliarse durante este período.
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Otros -entre los que se destacan el periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, y los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán- fueron procesados o encarcelados bajo acusaciones dudosas. Porras se enfrentó a sanciones por parte de Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros actores internacionales por socavar el estado de derecho.
En este contexto, el proceso de selección de un nuevo procurador general fue objeto de un intenso escrutinio nacional e internacional. Según la Constitución de Guatemala, el presidente elige al procurador general de una lista escueta de seis candidatos preseleccionados elaborada por una comisión de nominaciones de 15 miembros compuesta principalmente por autoridades universitarias, representantes del colegio de abogados y funcionarios judiciales.
Varios grupos de presión se movilizaron para influir en este proceso de selección. Entre ellos se encontraban redes políticas y económicas poderosas que temían la pérdida de un baluarte de larga data contra la rendición de cuentas. También había organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, representantes del mundo académico y actores internacionales, que exigían transparencia, independencia institucional y el fin de la criminalización de los activistas anticorrupción.
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A lo largo de todo el proceso, el gobierno de Arévalo hizo hincapié constantemente en el respeto al marco constitucional y a los procedimientos legales de Guatemala -un compromiso inquebrantable que tanto sus partidarios como sus detractores han criticado como una debilidad-. Sin embargo, resultó esencial para que el proceso de selección del procurador general fuera plenamente democrático y tuvieran una base constitucional, a pesar de la intensa presión política y los intentos repetidos de desestabilizar la transición.
Finalmente, tras semanas de deliberaciones y escrutinio público, Arévalo recibió la lista de candidatos preseleccionados, entre los cuales eligió a Gabriel Estuardo García Luna. Esto supuso una victoria democrática decisiva -prueba de que, incluso en condiciones difíciles, los procesos constitucionales pueden prevalecer-. De hecho, Arévalo tuvo éxito no porque abandonara las instituciones para salvar la democracia, sino porque confió lo suficiente en ellas como para actuar a través de ellas.
Este logro resulta especialmente extraordinario en Guatemala, que volvió al régimen democrático en 1986 tras décadas de autoritarismo y recién puso fin a su guerra civil de 36 años en 1996. Pero su importancia va más allá. En un momento en que Centroamérica se enfrenta a un retroceso democrático y a la captura de las instituciones, la resiliencia de Guatemala le ofrece un mensaje alentador al resto de la región -y a las democracias de todo el mundo.
El camino que queda por delante está plagado de desafíos. El gobierno de Arévalo, incluido el nuevo procurador general, debe seguir restaurando y fortaleciendo las instituciones democráticas del país, que volverán a ponerse a prueba en las elecciones generales de 2027. No obstante, ha comenzado un nuevo capítulo prometedor en la democracia guatemalteca.
Carlos Alvarado-Quesada fue presidente de Costa Rica (2018-2022).
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