
El ministro de Justicia de Corrientes dialogó con Radio Sudamericana tras la adhesión de la provincia al programa nacional PRONADEM. Destacó el impacto de casi 100 procedimientos concretados, el respaldo de las máximas autoridades provinciales, la incorporación de tecnología para investigaciones y la inminente adecuación institucional ante la reforma penal juvenil.
Viernes 21 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 19:16hs. del 21-08-2026
Un respaldo político e institucional sin precedentes
López Desimoni remarcó el fuerte peso político e institucional que significó la jornada de presentación y trabajo en la provincia, ponderando la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de las principales cabezas del sistema republicano correntino.
"Tengo varias conclusiones: la primera es que vino un funcionario nacional, cosa que es una novedad y eso es una impronta a señalar venir a la provincia. Lo segundo es que se encontraban allí el máximo nivel de autoridades que tienen injerencia en esta cuestión de investigación y sanción del narcomenudeo, porque estaba el gobernador, estaba el fiscal general, la cúpula de la policía y autoridades del juzgado federal. Acá hay un escenario importante porque todo lo que se trató ese día fue respaldado por las máximas autoridades”.
Durante la jornada se expusieron metodologías de trabajo con herramientas prácticas orientadas a la persecución del delito. Entre ellas, el ministro destacó un sistema de denuncias anónimas mediante códigos QR estratégicamente distribuidos, cuya información se recepta y geo localiza para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Cambio de competencia y cerca de 100 procedimientos
López Desimoni recordó la decisión política e institucional de asumir la competencia del narcomenudeo en el fuero provincial, la cual fue promulgada en febrero pasado por el Poder Ejecutivo local tras el aval legislativo, dejando las redes de gran escala bajo la órbita exclusiva de la Justicia Federal.
"Antes de esto estábamos en el peor de los escenarios, los dealers se movían tranquilamente; ahora con la decisión política de asumir esa competencia es darle una fuerte lucha al microtráfico. Hay casi 100 procedimientos realizados desde entonces. En el interior no se llegaba nunca, hoy tienen que saber que ya no van a estar cómodos como antes. Es el camino correcto que se eligió para hacerse cargo de este problema porque la ciudadanía te exige resolverlo. Ahora el problema del narcomenudeo es ámbito de la policía provincial y de la justicia provincial”
A pesar de que la legislación establece que la transferencia de competencias debe ir acompañada de recursos económicos desde la Nación, los cuales aún no han sido traspasados, la provincia decidió no demorar la acción contra las bandas barriales.
"Teníamos una disyuntiva si esperábamos los recursos o avanzar en el tema, y decidimos avanzar y agradecemos el acompañamiento de fiscales y la gran tarea de la policía y se nota en los procedimientos del interior. Insisto con el concepto de que no podíamos seguir en las condiciones que estábamos antes porque era una situación que empeoraba cada vez más, no podíamos esperar a que nos transfieran recursos, gobernar implica dedicarse a atender los problemas de la ciudadanía”.
Equipamiento tecnológico y asistencia de Nación
El programa nacional PRONADEM prevé una asistencia técnica constante. En esta primera etapa, el ministro confirmó la donación de un dron de última generación destinado a la Policía de Corrientes para tareas de patrullaje e investigación, al tiempo que se gestiona equipamiento técnico adicional:
"Estamos pidiendo además un aparato de alta tecnología para determinar qué tipo de sustancia es. Así que seguiremos viendo de qué forma nos pueden seguir asistiendo y nosotros como Estado provincial”.
Estructuras futuras, cibercrimen y prevención social
El titular de la cartera de Justicia reconoció que el traspaso exige una reforma estructural profunda a mediano y largo plazo, la cual incluye la puesta en marcha de una agencia provincial de inteligencia y la creación de fiscalías especializadas.
"Falta avanzar en la agencia de inteligencias y un consejo en seguridad con principal actuación en el ministerio y la policía. Es un gran desafío. La ley prevé una agencia de inteligencia que exige la participación de mucha gente, agentes, criminólogos, hay que tener un equipo de profesionales que trabajen con eficiencia, pero también hay que crear fiscalías especializadas en narcomenudeo, el camino por recorrer es largo”.
Asimismo, alertó sobre la creciente incidencia de los delitos informáticos vinculados a las redes delictivas: "Una de las actividades programadas dentro de este acuerdo de asistencia es la capacitación para el cibercrimen, que tiene una creciente estadística donde se nota cómo han evolucionado. Ahora ya existen hasta fiscales en cibercrimen, entonces tenemos que capacitarnos y estar a la altura. Todos tenemos que entender esta temática y ver cómo actuar en la prevención, investigación y persecución para sancionar”.
López Desimoni puso especial énfasis en el impacto social que causa el tráfico de drogas en las barriadas más postergadas, instando a una respuesta estatal integral que combine represión del delito con contención social y comunitaria.
"Tenemos que tomarlo con toda la fuerza posible. Cuando vamos a los barrios hay una preocupación central en esta temática por el vicio que genera este tipo de delitos; las adicciones van a los sectores más vulnerables y son sectores donde este tipo de actividad delictiva prende muy rápido. Por eso es importante el deporte para que los jóvenes tengan una expectativa distinta y no caer en esta red. Tenemos que pensar y trabajar para ver qué hacemos con nuestros jóvenes, crear condiciones necesarias para que haya empleo, deportes y que puedan terminar sus estudios”.
Régimen penal juvenil y mediación ciudadana
Finalmente, el ministro abordó las transformaciones normativas en materia de niñez y adolescencia frente a la ley penal juvenil que establece la imputabilidad a los 14 años, subrayando que la infraestructura estatal requerirá adecuaciones inmediatas.
"Se pondrá en marcha la ley penal juvenil que establece la imputabilidad a los 14 años y nos exigirá adaptarnos. Hay aspectos como el centro de detención juvenil que debemos adecuar. Son lugares de readaptación donde los que gestionan deben ser personas especialistas como psicólogos, médicos, psiquiatras, todo el espectro de salud: una mirada distinta al sistema penitenciario porque trabajamos con menores en conflicto con la ley penal”.
En el cierre de sus declaraciones, remarcó la labor de la cartera que encabeza en la resolución alternativa de conflictos: "Desde el Ministerio de Justicia no podemos exhibir construcciones concretas pero tratamos temas sensibles pero no tangibles como el acceso a la justicia, resolver los conflictos de la gente. A veces tenemos que acercar y explicar a la ciudadanía qué alternativas tiene y que sepan qué se puede hacer ante un conflicto, como ir a una mediación antes que al tribunal”.