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El abogado de Carrandí S.A. aseguró que dos terraplenes alterarían el escurrimiento natural del arroyo y generarían inundaciones en establecimientos rurales y zonas pobladas. El reclamo fue presentado ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que aún no realizó la inspección solicitada.
Viernes 21 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 20:49hs. del 21-08-2026
Una denuncia presentada ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) puso el foco sobre dos terraplenes construidos sobre el arroyo Sarandí, en la zona rural de Esquina. Según planteó la firma Carrandí S.A., estas obras funcionarían como barreras que modificarían el escurrimiento natural del agua y provocarían anegamientos en establecimientos rurales y sectores cercanos.
Ignacio Barry, abogado de Carrandí S.A., explicó en diálogo con Radio Sudamericana que el reclamo administrativo fue presentado junto con su socio, el abogado Marcos Chape, a fines de junio de 2026. La empresa es titular del establecimiento rural La Isabel, ubicado en el paraje Malvinas.
"Se verificó la existencia de dos terraplenes sobre el arroyo Sarandí que constituyen verdaderamente obras hidráulicas que actúan como barreras físicas que bloquean el escurrimiento natural del agua", explicó Barry.
De acuerdo con el planteo realizado ante el organismo provincial, esta situación provocaría inundaciones recurrentes que afectarían no solamente al establecimiento de Carrandí S.A., sino también a otros productores y sectores poblados ubicados en las inmediaciones del arroyo.
El abogado remarcó además que, según la información con la que cuenta la firma, las construcciones no tendrían autorización del ICAA. Sin embargo, fue cuidadoso al señalar que no pueden afirmar quién construyó los terraplenes.
"Los terraplenes se encuentran situados en ese establecimiento, mas no podemos tener la certeza de ninguna manera de que efectivamente los propietarios hayan sido los constructores", aclaró.
La presentación administrativa comenzó a tramitarse el 29 de junio. Según detalló Barry, el 1 de julio el área jurídica del ICAA emitió un dictamen y consideró necesario que el expediente pasara a las áreas de Ambiente e Ingeniería para analizar técnicamente la situación.
Desde entonces, según denunció el abogado, no se registraron nuevos avances en el expediente.
"Desde ese momento no tuvimos ninguna otra noticia. No hubo ningún otro movimiento en el expediente", afirmó Barry, quien reclamó una respuesta debido a la gravedad que, según sostuvo, presenta la situación.
El pedido concreto de la empresa es que el organismo realice una inspección en el lugar para determinar si los terraplenes cuentan con autorización y cuál es su impacto sobre el escurrimiento del arroyo.
En caso de comprobarse que las obras fueron realizadas sin la autorización correspondiente y que generan una alteración significativa del cauce, la firma solicitó que se disponga su demolición.
Barry sostuvo que el problema excede el perjuicio económico para los productores. Según explicó, las inundaciones también afectarían a familias que viven en el paraje Malvinas.
"Ya estamos hablando de que hay consecuencias sociales y ambientales a nivel general", afirmó. En ese sentido, estimó que cientos de familias y hogares podrían verse afectados por las inundaciones recurrentes ante lluvias intensas.
Por su parte, el productor Nicolás García Loza remarcó que la alteración del cauce también puede generar consecuencias sobre los caminos vecinales y pequeños establecimientos de la zona.
"Cuando vienen épocas de lluvias fuertes o crecidas, el agua busca salir por donde puede y termina anegando caminos vecinales, afectando a pequeños productores de la zona", señaló.
Los denunciantes indicaron que, por el momento, no iniciaron una acción judicial. La intención es que primero intervenga el organismo provincial encargado de controlar los recursos hídricos y determine si existe una infracción.
"Lo único que estamos solicitando es que el organismo cumpla con su obligación de contralor, con su función de policía de lo que es el arroyo Sarandí", sostuvo Barry.
El abogado agregó que la intención es evitar que la situación se agrave y pidió a otros productores y vecinos afectados que se sumen al reclamo administrativo.
"Cuantos más seamos levantando la voz ante el organismo, más rápido vamos a lograr que intervengan", expresó.
Mientras tanto, la presentación continúa a la espera de una inspección técnica que permita determinar el origen de los terraplenes, si cuentan con autorización y cuál es su verdadero impacto sobre el cauce del arroyo Sarandí.
