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El máximo tribunal deberá resolver una disputa por el presunto desvío de fondos de la AFA y podría recibir otra apelación por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino. Además, una tercera causa por lavado de activos ya cambió de fuero.
El máximo tribunal deberá resolver una disputa por el presunto desvío de fondos de la AFA y podría recibir otra apelación por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino. Además, una tercera causa por lavado de activos ya cambió de fuero. Los expedientes ponen en discusión si las investigaciones deben tramitar en Capital, Campana o en el fuero Penal Económico.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación comienza a ocupar un lugar central en las investigaciones que tienen bajo la lupa a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Después de meses de conflictos de competencia, el máximo tribunal podría terminar definiendo dónde deben tramitar algunas de las causas más sensibles que involucran al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.
El escenario judicial tiene varios frentes abiertos. Uno de los expedientes ya está en manos de la Corte y analiza una denuncia por el presunto desvío de millones de dólares de la AFA. Otro podría llegar al máximo tribunal si prospera el recurso que prepara el fiscal Mario Villar contra el traslado a Campana de la investigación por la mansión de Pilar vinculada con Toviggino.
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A esto se suma una tercera investigación por presunto lavado de activos que acaba de pasar del fuero Penal Económico a la Justicia Federal. En conjunto, los expedientes volvieron a poner en primer plano una pregunta que atraviesa las distintas causas: qué jurisdicción debe investigar a la AFA.
Uno de los casos que ya está en la Corte nació a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a la conducción de la AFA de haber desviado fondos vinculados con contratos internacionales. La presentación apunta al manejo de dinero a través de TourProdEnter LLC, una sociedad relacionada con el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La hipótesis denunciada sostiene que parte de los fondos generados por contratos de la Selección y otros negocios internacionales no habría ingresado a las cuentas de la AFA. De acuerdo con la denuncia, el desvío podría alcanzar al menos US$42 millones, dentro de un volumen de operaciones estimado en unos US$260 millones.
El expediente comenzó en la justicia nacional de instrucción y terminó convertido en una disputa entre distintos fueros. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó intervenir, pero la Cámara del Crimen rechazó el traslado. El conflicto llegó a la Corte porque se enfrentaron un juzgado federal y un tribunal de la justicia nacional. Ahora, el procurador general Eduardo Casal debe emitir su dictamen antes de que el máximo tribunal resuelva.
La decisión será relevante porque puede establecer un criterio para otros expedientes en los que se discute si las investigaciones relacionadas con la AFA deben permanecer en la Ciudad de Buenos Aires o trasladarse a Campana.
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La mansión de Pilar, a un paso del máximo tribunal
El otro expediente que podría desembocar en la Corte tiene como escenario una propiedad de cinco hectáreas ubicada en Pilar y valuada en alrededor de US$20 millones. La mansión figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, su madre. La Justicia sospecha que ambos podrían haber actuado como testaferros de Toviggino debido a la falta de capacidad económica que se les atribuye para adquirir un inmueble de esas características.
Durante un allanamiento fueron encontrados vehículos de alta gama y colección, instalaciones deportivas, un haras y distintos elementos que la investigación vinculó con el tesorero de la AFA. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente debe continuar en el Juzgado Federal de Campana, por encontrarse allí el inmueble investigado. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron, además, que el lavado de activos es un delito de competencia federal.
El fiscal Mario Villar se opone a esa decisión y prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Su planteo apunta a discutir que la sola ubicación de la propiedad no determina necesariamente el lugar donde se habría cometido el delito. La sospecha es que las operaciones destinadas a concretar la adquisición pudieron desarrollarse en otras jurisdicciones, a partir de movimientos de dinero y sociedades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Si la apelación llega al máximo tribunal, los jueces deberán volver a resolver una cuestión que se repite en las distintas causas: dónde se considera cometido el delito cuando la maniobra financiera atraviesa varias jurisdicciones.
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Una nueva causa cambia de fuero
Mientras esos dos expedientes esperan una definición, apareció un tercer frente judicial. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió apartarse de una investigación por presunto lavado de activos y remitió el expediente a la Justicia Federal. La causa quedó en manos de la jueza María Servini.
La denuncia también fue impulsada por Tofoni y apunta contra Tapia y Toviggino. Según la presentación, habría existido un circuito mediante el cual fondos provenientes del exterior ingresaban a la Argentina a través de sociedades intermediarias y financieras del microcentro porteño. La investigación sostiene que parte del dinero habría sido trasladado luego a un estudio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, donde era contado en efectivo, antes de llegar a la sede de la AFA.
Amarante entendió que, si bien las operaciones denunciadas habrían ocurrido en Capital, el presunto lavado de activos corresponde al fuero federal. Por ahora, este expediente no está unificado con la causa que tramita en Campana. Tampoco está definido si ambos procesos deberían investigarse conjuntamente.
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La disputa que excede a los tribunales
Detrás de estas discusiones judiciales aparece además una pelea institucional por el lugar donde funciona la AFA. La conducción de Tapia impulsa el traslado de la sede de la entidad desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia Pilar. El cambio fue cuestionado por la Inspección General de Justicia, que apeló la resolución judicial que habilitó la mudanza.
La discusión todavía no llegó definitivamente a la Corte, pero podría hacerlo si avanza la apelación. El domicilio de la AFA no es un dato menor para los expedientes judiciales. La ubicación de la sede y el territorio donde se habrían ejecutado las distintas maniobras aparecen como argumentos centrales en las disputas entre los jueces.
Una definición que puede cambiar el mapa judicial de la AFA
Con los expedientes repartidos entre distintos tribunales, la Corte Suprema aparece como la instancia capaz de poner orden en un entramado de causas que lleva meses sin una definición definitiva.
El máximo tribunal deberá analizar primero el conflicto por la denuncia de presunto fraude y, eventualmente, la apelación contra el traslado de la causa de la mansión de Pilar a Campana.
Las resoluciones podrían tener un efecto que exceda cada expediente individual: determinar qué fuero tiene competencia para investigar las operaciones vinculadas con la AFA y qué peso debe darse al lugar donde se ejecutaron las maniobras frente al sitio donde finalmente apareció el dinero o se adquirió un determinado bien.
Mientras tanto, Tapia y Toviggino enfrentan un escenario judicial cada vez más amplio, con investigaciones por presunto fraude, lavado de activos y manejo irregular de fondos que todavía buscan un tribunal que concentre definitivamente su investigación.
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