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El abogado Ricardo Sosa analizó la reciente resolución del tribunal internacional que obliga al Estado a indemnizar a dos imputados tras constatar graves vulneraciones al debido proceso en una causa de los años 90.
Jueves 27 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 15:03hs. del 27-08-2026
En diálogo con Radio Sudamérica, el abogado Ricardo Sosa analizó la reciente y novedosa condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado argentino. El tribunal internacional determinó la vulneración de derechos fundamentales en el proceso penal contra los abogados Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá, en una causa iniciada a principios de la década de 1990 en la provincia de Buenos Aires.
El organismo internacional concluyó que Argentina violó la garantía del plazo razonable, el derecho de la defensa a interrogar testigos y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Sobre este último punto, la Corte sostuvo que en el auto de procesamiento de 1991 el juez no se limitó a señalar motivos de sospecha, sino que utilizó expresiones como "connivencia dolosa" y actuación "a sabiendas", incurriendo en un adelantamiento injustificado de criterio que afectó la imparcialidad objetiva.
"Este fallo le da al Estado argentino ciertos lineamientos para que los jueces se apeguen a la ley. Es casi común que los jueces o fiscales utilicen esta clase de arbitrariedades para investigar a una persona y que se excedan en plazos razonables", advirtió Sosa.
El letrado criticó la práctica recurrente de equiparar los plazos de investigación con la pena máxima del delito imputado: "Si una persona es investigada por homicidio simple, que tiene una pena de hasta 25 años, se pretende que puede ser investigada durante todo ese tiempo. Eso está mal porque se confunde el tiempo razonable con la duración de la pena. No se puede tener a alguien bajo investigación durante 25 años; este fallo es un claro tirón de orejas".
Falta de objetividad y resarcimiento económico
Sosa hizo hincapié en la dureza con la que el tribunal internacional evaluó el lenguaje de los magistrados, remarcando que en el fallo "se le critica mucho a los jueces porque utilizan términos que hacen ver la falta de objetividad en las investigaciones". Además, recordó que la resolución contempla una reparación económica: "La Corte Interamericana condena al Estado argentino a pagar 25 mil dólares a cada una de las personas afectadas".
Finalmente, el abogado enfatizó la necesidad de un cambio estructural en la práctica del derecho local: "Es saludable y bueno que estas cosas se conozcan entre fiscales, jueces y todos los abogados que trabajamos en el día a día. Los procesos penales se siguen caracterizando por la forma inquisitiva y eso está mal".
Para contactarse con el doctor Sosa lo pueden hacer a través del número 3794780068
