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El ministro de Defensa, Carlos Presti, llamó a su par del país vecino para aclarar que la soberanía chilena sobre el paso bioceánico "no está en discusión".
El ministro de Defensa, Carlos Presti, llamó a su par del país vecino para aclarar que la soberanía chilena sobre el paso bioceánico "no está en discusión". La polémica arrancó por una frase del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y obligó a la Cancillería a ratificar la vigencia de los tratados históricos.
Un comentario al pasar en una entrevista de YouTube estuvo a punto de desatar un dolor de cabeza diplomático a gran escala. El Gobierno argentino tuvo que moverse rápido y levantar el teléfono para dar por terminada una inesperada polémica bilateral con Chile en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes. Con los ánimos caldeados del otro lado de la cordillera, la Casa Rosada activó el modo control de daños y logró frenar el impacto antes de que el roce escalara a mayores.
El encargado de poner paños fríos fue el ministro de Defensa, Carlos Presti. El funcionario se contactó el miércoles por la noche con su par chileno, Fernando Barros, para garantizarle de primera mano que los límites territoriales no están en debate. Según informó la cartera militar del país vecino, Presti atribuyó el cortocircuito a "una confusión y desprolijidad", dejando en claro que para el Estado argentino la pertenencia de ese estratégico paso marítimo es indiscutible.
La chispa salió de la boca del brigadier general Gustavo Javier Valverde. Durante su paso por La Fábrica del Podcast el último domingo, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina metió la pata al incluir al estrecho dentro de las áreas de custodia nacional. "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica", disparó el alto mando, desatando el fastidio inmediato de la administración de José Antonio Kast.
Tras escuchar las explicaciones oficiales, Barros aceptó las disculpas y dio el tema por cerrado. El ministro chileno valoró la franqueza de su colega argentino y remarcó que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países atraviesan un excelente momento, al punto de que actualmente comparten ejercicios combinados en el agua. "Dentro de la libertad de expresión sale alguna declaración confusa, pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones", minimizó el funcionario.
Para terminar de limpiar la escena, Presti se comprometió a que las aclaraciones lleguen por todos los canales institucionales correspondientes. Durante la llamada nocturna, adelantó que tanto el propio Valverde como la cúpula de la Cancillería argentina tomarán contacto directo con sus respectivas contrapartes chilenas para explicar el exabrupto y pasar página definitivamente.
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Los tratados históricos sobre la mesa
Antes del llamado telefónico que destrabó el conflicto, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ya había tenido que salir a atajar los penales con un comunicado oficial. Con la intención de frenar la escalada retórica contra el gobierno de Javier Milei, el Palacio San Martín ratificó que la postura nacional sobre el Estrecho de Magallanes se rige estrictamente por lo firmado en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, considerando a ambos instrumentos como definitivos.
El primer acuerdo fijó sin dejar lugar a dobles interpretaciones que el Estrecho de Magallanes pertenece en su totalidad a Chile. Además, estableció una regla de oro para la geopolítica de la región: la neutralidad perpetua de esas aguas y la libre navegación para las banderas de todas las naciones, un punto que históricamente generó tensiones con los buques británicos.
Por su parte, el pacto de 1984 terminó de sellar la paz tras los años más oscuros de las dictaduras de ambos países, cuando el conflicto del Beagle casi desencadena una guerra. Con la histórica mediación del papa Juan Pablo II, aquel texto reafirmó el marco territorial y volvió a reconocer la soberanía chilena absoluta sobre la llave bioceánica, una cuestión legal que Buenos Aires prometió no tocar.
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