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Ramón Virgilio Gómez fue condenado a un año y cinco meses de prisión en suspenso por maltrato animal y tenencia de arma de fuego. El perro había sido baleado en dos oportunidades y murió a comienzos de este año como consecuencia de las graves lesiones sufridas. El fiscal rural Martín Leiva comentó en Radio Sudamericana que pidió dos años y cinco meses.
El Tribunal Oral y Penal de Santo Tomé, Corrientes, condenó a un médico de 71 años por atacar a un perro llamado Rocko, en un caso ocurrido en la zona de la Curtiembre. El hecho generó el acompañamiento de agrupaciones animalistas, vecinos y familiares de animales víctimas de violencia.
Según informó a Sudamericana el fiscal, luego de dos jornadas de debate, Ramón Virgilio Gómez fue hallado culpable de los delitos de maltrato animal en concurso real y tenencia de arma de fuego. El tribunal le impuso una pena de un año y cinco meses de prisión en suspenso, pese a que el pedido fue de un año más.
El juicio estuvo a cargo del doctor Francisco Ramos, mientras que la acusación fue sostenida por el fiscal Rural, doctor Martín Leiva. Leiva resaltó que al imputado se le fijaron reglas de conducta y la condicionalidad de la pena, sujeta a que si comete un hecho similar, se e podría aplicar una prisión efectiva.
Leiva resaltó que “hay muchos casos en toda la provincia, muchos van a juicios abreviados” y que “si se confirma la condena, quedará el precedente”. Recordó que en este caso, se lo juzgó por el hecho en el que hirió al animal y que posteriormente terminó falleciendo.
Rocko había sido baleado dos veces
De acuerdo con lo establecido en la causa, Rocko fue atacado con un arma de fuego en dos oportunidades. El primer episodio ocurrió en julio de 2025, cuando recibió un disparo en la cabeza y logró sobrevivir.
El segundo ataque se produjo el 24 de diciembre de 2025. En esa oportunidad, el animal sufrió graves lesiones que finalmente provocaron su muerte durante los primeros días de este año.
Los distintos fallos vuelven a poner en debate el alcance de las penas previstas para los casos de maltrato y crueldad animal y el reclamo de organizaciones y defensores de los animales por sanciones que consideren acordes con la gravedad de los hechos.
