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La jueza de garantías Gabriela Aromí visitó los estudios de Radio Sudamericana y analizó el proyecto de relanzamiento del Centro de Contención Juvenil, la aplicación del régimen procesal en Corrientes y la implementación de la justicia restaurativa frente al debate por la baja en la edad de imputabilidad.
Miércoles 09 de Septiembre de 2026 - Actualizada a las: 19:32hs. del 09-09-2026
En el marco del anunciado relanzamiento del Centro de Contención Juvenil en Corrientes y de la adecuación del marco normativo para la minoridad, la jueza de garantías Gabriela Aromí analizó los desafíos del sistema de justicia penal juvenil en la provincia. Durante una entrevista radial, la magistrada sostuvo que las respuestas institucionales ante adolescentes en conflicto con la ley penal deben priorizar el enfoque educativo, la justicia restaurativa y la participación comunitaria por sobre los criterios estrictamente penitenciarios.
Respecto al abordaje institucional, Aromí enfatizó que "para trabajar con adolescentes hay que trabajar desde lo educativo". En esa línea, remarcó que la privación de la libertad debe considerarse "el último recurso" y buscar "que aprendan a que internalicen pautas de respeto a los derechos fundamentales", ofreciéndoles "la posibilidad de asumir una función constructiva para la sociedad"
En relación con las estadísticas locales de delincuencia juvenil, Aromí señaló que "en nuestra provincia los números son muy bajitos" y que el porcentaje de adolescentes institucionalizados resulta reducido.
Respecto a la modificación legal nacional sobre la edad de imputabilidad, afirmó que "cuando la ley está, más allá de las opiniones personales, tenemos que cumplir la ley". Asimismo, explicó que en muchos casos los jóvenes que ingresan tempranamente al sistema fueron previamente víctimas de diversas vulneraciones, por lo que el proceso debe ofrecerles "la posibilidad de asumir una función constructiva para la sociedad".
Sobre la historia del Centro de Contención Juvenil, la jueza repasó que la iniciativa surgió en 2007 en el marco del programa internacional Eurosocial Justicia, tras el incendio de la Comisaría Séptima. Recordó que el proyecto fue posteriormente ejecutado durante la gestión de Gustavo Valdés como ministro de Gobierno y contó con servicios educativos, talleres, atención médica y espacios recreativos, antes de que su funcionamiento se viera interrumpido por la pandemia. Con vistas al relanzamiento, destacó que el Superior Tribunal de Justicia impulsó capacitaciones para operadores y que el Ministerio de Justicia articula acciones junto a las áreas de Salud, Educación y Trabajo.
En el aspecto normativo, Aromí destacó que Corrientes dispone de un Código Procesal Penal de tercera generación y una legislación juvenil orientada por la justicia restaurativa. Detalló que este modelo busca resolver el conflicto primario entre víctima, imputado y comunidad, considerando la privación de la libertad únicamente como "el último recurso".
La magistrada también identificó el consumo de estupefacientes como una problemática central que exige el fortalecimiento de programas específicos de asistencia.
