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Gustavo Daniel Moreno, presidente de la Asociación Argentina de Justicia de Niñez y Familia, sostuvo que el nuevo régimen penal juvenil plantea desafíos para las provincias y remarcó que la prevención del delito adolescente requiere políticas educativas, sanitarias y sociales.
Miércoles 16 de Septiembre de 2026 - Actualizada a las: 21:01hs. del 16-09-2026
Gustavo Daniel Moreno, presidente de la Asociación Argentina de Justicia de Niñez y Familia (AJUNAF), dialogó con Radio Sudamericana sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil y cuestionó principalmente la reducción de la edad de responsabilidad penal.
La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y reemplazó la Ley 22.278. La norma fue publicada en marzo y comenzó a regir 180 días después.
"Nosotros hace muchísimos años venimos sosteniendo nuestra oposición a la baja de la edad de punibilidad", sostuvo Moreno. Según explicó, desde AJUNAF consideran que los delitos cometidos por adolescentes representan una proporción reducida del universo delictivo y que la modificación no necesariamente tendrá un impacto directo sobre la seguridad ciudadana.
Uno de los principales desafíos, según el titular de AJUNAF, será la capacidad de las provincias para implementar el nuevo régimen. "El problema claro es el presupuestario", afirmó, al advertir que muchas jurisdicciones no cuentan con lugares adecuados para alojar a adolescentes que ingresan al sistema penal.
La Ley 27.801 establece una asignación presupuestaria nacional de más de $23.739 millones para el año de entrada en vigencia y contempla convenios de cooperación entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
"Un derecho puede estar vigente, pero si no le ponemos dinero nunca va a ser eficaz, nunca va a ser eficiente, nunca va a ser real", expresó Moreno.
Una justicia especializada
Moreno remarcó la importancia de contar con una justicia especializada e interdisciplinaria para abordar cada caso de manera particular. AJUNAF reúne a jueces del sistema penal adolescente, jueces de familia y profesionales de distintas disciplinas.
"El derecho no puede dar una solución única para los casos individuales y colectivos", sostuvo.
La nueva normativa establece que cualquier privación de libertad debe cumplirse en dependencias acondicionadas especialmente y bajo la dirección de personal idóneo. Además, prohíbe el alojamiento conjunto con personas mayores de edad.
Para Moreno, el sistema penal debe ser la última instancia en la trayectoria de un adolescente que comete un delito. Por eso, consideró que la prevención debe involucrar al sistema educativo, sanitario, la Justicia de Familia y los organismos de protección integral.
"La prevención del delito adolescente no la puede hacer un juzgado penal adolescente", sostuvo.
En ese sentido, explicó que el sistema penal juvenil debe apuntar a la rehabilitación y a evitar que el adolescente continúe involucrado en hechos delictivos.
La preocupación por la cantidad de causas
El presidente de AJUNAF también advirtió que la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema podría generar un aumento de intervenciones judiciales por hechos de menor gravedad.
Mencionó como ejemplos amenazas, lesiones en establecimientos educativos o daños contra bienes escolares, situaciones que podrían derivar en denuncias y actuaciones judiciales.
"Esto puede llegar a ser horrible lo que pasa y realmente puede desjerarquizar el recurso del sistema", sostuvo.
La Ley 27.801 contempla distintas medidas, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de contacto o concurrencia, prestación de servicios comunitarios, monitoreo electrónico y diferentes modalidades de privación de libertad.
Rehabilitación y justicia restaurativa
Moreno destacó que la finalidad del régimen no debería centrarse exclusivamente en la sanción. La ley establece como objetivos la educación, resocialización e integración social del adolescente.
También valoró las herramientas vinculadas con la justicia restaurativa, orientadas a trabajar sobre el daño producido y, en determinados casos, generar mecanismos de reparación.
"Lo esencial de la justicia penal adolescente no es la pena, sino la rehabilitación", afirmó.
En esa línea, sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales y que cada adolescente requiere un abordaje particular. "La primera garantía de cualquier chico de 14 años es tener un proceso", señaló.
La implementación en las provincias
Otro de los puntos señalados fue la necesidad de que las provincias adapten sus estructuras y normas procesales al nuevo régimen. Moreno remarcó que las realidades provinciales son diferentes y que no necesariamente deben replicar las mismas estructuras.
También planteó que el Poder Ejecutivo tiene un papel central en la creación y funcionamiento de los centros y programas destinados a adolescentes, mientras que la Justicia debe controlar el cumplimiento de esas políticas públicas.
"El gran déficit que tenemos nosotros del Poder Judicial es no controlar a los poderes ejecutivos", afirmó.
Finalmente, Moreno sostuvo que la reforma legal debe estar acompañada por políticas públicas y recursos. "Esto no se soluciona con una nueva ley, esto no se soluciona claramente con más juzgados, esto se soluciona con políticas", concluyó.
