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La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Mercedes a favor de una mujer de 70 años que desconoció la contratación de un crédito por $2.500.000. La jueza ponderó especialmente la afectación de sus ingresos y su situación de vulnerabilidad mientras continúa la investigación penal.
Viernes 25 de Septiembre de 2026 - Actualizada a las: 14:35hs. del 25-09-2026
El Juzgado de Garantías de Mercedes dispuso suspender durante seis meses los descuentos, intereses y reportes de morosidad relacionados con un préstamo de $2.500.000 que se encuentra bajo investigación en una causa por una presunta estafa.
La decisión fue adoptada por la Dra. Simy B. Benasayag, mediante la Resolución N° 780/26, a partir de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal, con intervención del fiscal del caso, Dr. Adrián Casarrubia. La investigación se tramita en el legajo judicial N° 24798/26.
Un préstamo desconocido y transferido en pocos minutos
La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 70 años, quien relató que recibió una llamada de una persona que se presentó como representante del banco. Luego de proporcionar datos personales, advirtió la existencia de un préstamo que aseguró no haber solicitado.
De acuerdo con los informes reseñados por la Fiscalía, el crédito se acreditó a las 15:04:45 y a las 15:16:12 la totalidad del dinero fue transferida a una cuenta de Naranja X de la misma titular. Posteriormente se registraron dos egresos por $1.300.000 y $1.200.000. Se encuentran pendientes informes de Naranja X y Claro Pay para continuar reconstruyendo el recorrido de los fondos.
La denunciante también manifestó que no utilizaba su cuenta de Naranja X desde fines de 2024 y que, pese a desconocer la contratación del crédito, venía afrontando las cuotas y los intereses. Asimismo, había efectuado un reclamo ante el Banco.
Protección de una persona en situación de vulnerabilidad
Al analizar el pedido fiscal, la magistrada sostuvo que el desconocimiento de la operación, la transferencia inmediata de la totalidad del crédito y los posteriores movimientos del dinero constituyen, en esta etapa, indicios concordantes que permiten sustentar la verosimilitud requerida para adoptar la medida cautelar. La resolución aclara que esta valoración es provisoria y no anticipa una decisión definitiva acerca de la existencia del delito ni sobre sus responsables.
También consideró el peligro en la demora, dado que los descuentos mensuales continúan afectando los ingresos de la denunciante mientras se investiga el destino del dinero.
En particular, la resolución ponderó su situación de vulnerabilidad por tener 70 años, su condición de presunta víctima y la persistencia de descuentos que no había logrado detener mediante su reclamo. Para ello, hizo referencia al artículo 100 del Código Procesal Penal y a las Reglas de Brasilia, vinculados con la atención de víctimas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué deberá hacer el banco?
La cautelar tendrá vigencia durante seis meses desde la notificación al Banco, sucursal Mercedes. Durante ese período deberá cesar inmediatamente los descuentos automáticos, ordinarios, extraordinarios o punitorios correspondientes al préstamo investigado y suspender los débitos por capital, cuotas, intereses, gastos y accesorios.
Asimismo, deberá abstenerse de generar nuevos intereses o cargos que incrementen el saldo y suspender los reportes de morosidad o riesgo crediticio ante la Central de Deudores del Banco Central que se originen exclusivamente en esa operación. La cuenta de la denunciante deberá conservar su funcionamiento habitual y la disponibilidad de los restantes fondos.
El banco tendrá que acreditar el cumplimiento de lo dispuesto dentro de las 48 horas de haber sido notificado, aunque la resolución establece que esa exigencia no posterga la ejecución inmediata de la cautelar.
La magistrada precisó además que la decisión no cancela la deuda ni ordena devolver las sumas que ya fueron debitadas. La medida podrá ser revisada si cambian las circunstancias y cualquier eventual prórroga deberá contar con una petición fundada y una nueva resolución judicial.
