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El juez Alejandro Sánchez Freytes, dispuso este viernes el procesamiento del camarista Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, dispuso este viernes el procesamiento del camarista Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. Además, le trabó trabó un embargo de $ 70 millones sobre sus bienes y ordenó remitir copia del expediente al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que evalúe el desempeño del funcionario en el marco de sus atribuciones constitucionales.
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Integración irregular de salas y violencia laboral
La causa judicial tuvo origen en la denuncia penal presentada por la abogada Celina Laje Anaya, secretaria penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con el procesamiento dictado por el juez Sánchez Freytes, el camarista Sánchez Torres incurrió en abuso de autoridad al emitir por decreto la integración ilegal de la Sala B en la causa conocida como "Humanes" , referida a un directivo de la cerealera Bunge procesado por delitos económicos. En dicha oportunidad, el magistrado convocó a la jueza Graciela Montesi para intervenir en el expediente, salteando el régimen de subrogancias fijado por la Ley 27.439 y el Acuerdo Reglamentario 316/2023 de la propia Cámara.
El fallo sostiene que, tras la firme negativa de Laje Anaya a confeccionar un certificado que respaldara esa integración por considerarla contraria a la normativa, Sánchez Torres inició un patrón sistemático de hostigamiento, maltrato y violencia laboral contra la funcionaria. Esta persecución incluyó la asignación intempestiva de abrumadoras cargas de trabajo, la remoción de su despacho habitual a una oficina sin ventanas y presiones para forzarla a firmar un descenso de categoría mediante una permuta de su cargo.
Dichas conductas terminaron desencadenando una severa afección en la salud física y psíquica de la denunciante que la imposibilitó para ejercer sus funciones por más de un mes, encuadrando el hecho como lesiones graves calificadas por violencia de género. En la misma sentencia, el juez rechazó el pedido de detención formulado por los fiscales generales Maximiliano Hairabedián y Nicolás Turano, éste último de la Procuración General de la Nación.
El juez se basó en la inmunidad de arresto que le otorgan los fueros como magistrado y en la falta de riesgos procesales indispensables para justificar una medida de coacción tan restrictiva.
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Sobreseimiento de Montesi
El pronunciamiento judicial, de 165 páginas, incluye otra definición importante. Sánchez Freytes sobreseyó a la camarista federal Graciela Montesi, pareja de Sánchez Torres al momento de los hechos analizados, en una de las acusaciones y en otra dictó la falta de mérito para ambos.
El sobreseimiento de Montesi lo produjo en la ya mencionada causa "Humanes". En su resolución el juez sostiene que ella nunca fue notificada ni tuvo intervención efectiva en el expediente tramitado por su colega.
Sin embargo, dictó la falta de mérito de ambos en "Padilla", otro caso similar de un directivo de Bunge investigado por delitos económicos. La imputación fiscal suponía un presunto acuerdo de voluntades para direccionar un fallo beneficioso para el empresario, pero Sánchez Freytes sostuvo que las evidencias colectadas resultan insuficientes para probar dolo penal.
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La cuestión patrimonial y el viaje a Punta del Este
Hay otros dos temas que conciernen al camarista Sánchez Freytes que siguen bajo investigación y donde no hay un procunciamiento del juez.
Uno es un viaje en avión privado que realizó junto a Montesi a Punta del Este en marzo de 2024. Se analiza si la aeronave pertenecía a empresarios con causas judiciales en trámite en la Cámara Federal de Córdoba. Y si el viaje constituyó una dádiva. Este expediente continúa radicado en la fiscalía.
El segundo es una serie de averiguaciones, sin imputación, que iniciaron los fiscales Hairabedián y Turano sobre la situación patrimonial del camarista Sánchez Torres.
