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Costa Rica ejemplifica un fenómeno de la región: gobiernos que impulsan políticas punitivistas y siguen la tendencia de la construcción de megaprisiones.
Costa Rica ejemplifica un fenómeno de la región: gobiernos que impulsan políticas punitivistas y siguen la tendencia de la construcción de megaprisiones.
El 30 de julio, la Sala Constitucional de Costa Rica votó por cuatro votos contra tres prorrogar los mandatos de sus magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa vote sobre la lista de candidatos que la Corte Suprema le envió hace más de un año. La presidenta Laura Fernández calificó a los cuatro magistrados de la mayoría de «golpistas». Tres días después, su Gobierno y los diputados de su partido presentaron una denuncia penal contra los jueces. Sin embargo, las instituciones que hacen funcionar la democracia costarricense se están deteriorando más rápido de lo que sugieren las cifras constitucionales.
Cuando Fernández obtuvo el 49% de los votos en febrero y su Partido Pueblo Soberano consiguió 31 de los 57 escaños legislativos, la interpretación tranquilizadora sostenía que los mecanismos de control de Costa Rica absorberían el impacto, ya que al partido le faltaban siete escaños para alcanzar los 38 votos necesarios para reformar la Constitución o nombrar magistrados. Controlar la Corte requiere 38 votos, pero bloquear la renovación requiere solo 20, una aritmética que el Gobierno viene utilizando desde mayo. Las mismas reglas que impiden a Fernández copar la Corte permiten a su partido mantenerla con una composición incompleta. La Asamblea ha celebrado once rondas de votación sin conseguir esos votos y ha devuelto tres veces la lista de la Corte sin ofrecer razones de fondo. Los magistrados suplentes ocupan el puesto cuando un juez titular se abstiene o se ausenta, por lo que una sala sin ellos finalmente no puede funcionar.
La batalla se ha librado también a través del presupuesto del Poder Judicial. A petición del Ministerio de Hacienda, la Corte devolvió 13.200 millones de colones al presupuesto de 2026 el 29 de junio. El 13 de julio, el Ministerio retuvo otros 3.000 millones. En agosto, propuso recortar otros 23.700 millones, aproximadamente 52 millones de dólares, de los cuales 9.500 millones afectarían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía de investigación del país. El presupuesto de 2027 contempla otra reducción del 5%, que el Poder Judicial asumió proponiendo no sustituir ningún vehículo; el 51% de esa flota pertenece al OIJ. El mismo presupuesto aumenta la partida del Ministerio de la Presidencia en un 16,8 por ciento, incorporando nueve asesores, siete vehículos y un dron. La Corte autorizó emprender acciones legales para impedir los recortes el 24 de agosto. Nada de esto requirió reformar la Constitución.
El 15 de junio, enviaron seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. El principal, la Ley Gerson Rosales Cascante, establecería que la respuesta armada de un agente de policía o de un guardia de seguridad privada durante el ejercicio de sus funciones se presume legítima defensa, dejando en manos de los fiscales demostrar lo contrario. Un segundo paquete llegó el 27 de julio, con otros cinco proyectos y una reforma constitucional que ampliaría los delitos susceptibles de extradición. La Sala Constitucional determinará, mediante consulta obligatoria, si estos textos afectan las garantías constitucionales y, en caso afirmativo, su aprobación requerirá 38 votos.
La Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados encontró defectos técnicos y vulneraciones de principios constitucionales en cinco de los seis proyectos, incluidos el proyecto contra las asociaciones criminales y el relativo a la reincidencia, y recomendó una revisión profunda o su retirada definitiva. La comisión advirtió que el programa es inviable sin reformar al menos otras ocho leyes y que, tal como está redactado, corre el riesgo de violar las Reglas Nelson Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un intento de desacreditar estas conclusiones, se dijo que el informe no representaba la posición oficial del Colegio, sino el trabajo de un comité formado por abogados progresistas.
En Latinoamérica. El giro de América Latina hacia la mano dura suele atribuirse a la disposición de los votantes a intercambiar garantías legales por la promesa de seguridad. Los datos de las encuestas costarricenses no respaldan este argumento. Al plantearse una pregunta abierta en el informe del panel de marzo del CIEP-UCR sobre qué influyó más en su voto presidencial, el 23% mencionó la continuidad y el 14% las propuestas programáticas, mientras que la seguridad se situó en un 4% o menos, al mismo nivel que la tradición partidista y la lucha contra la corrupción. La esperanza superó al miedo como motivación declarada por 76% frente a 20%, y el 60% eligió a un candidato en lugar de a un partido.
Al responder a una pregunta abierta sobre qué les desagradaba más de los primeros cien días de gobierno, los encuestados mencionaron el conflicto con el Poder Judicial con mayor frecuencia que cualquier otro aspecto, por encima de su estilo de liderazgo y de la economía. La delincuencia sigue siendo la principal preocupación nacional, con cerca del 40 por ciento de las menciones, por lo que el rechazo no proviene de personas indiferentes a la seguridad.
El modelo de Bukele llegó a Costa Rica sin la arquitectura jurídica ni de seguridad existente en El Salvador. Costa Rica no tiene ejército que desplegar, y es probable que un estado de excepción no superara el examen de la Corte, que ahora está siendo vaciada de contenido. Lo que sí cruzó la frontera fue el espectáculo. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que se está construyendo junto a la prisión La Reforma con planos donados por el Gobierno de Nayib Bukele, está completo en un 64% y tendrá capacidad para 5.100 presos, con un coste cercano a los 35 millones de dólares. Son muchos más reclusos de los que justificarían las condenas penales de Costa Rica. Esto se parece a lo que Christine Wade ha denominado «punitivismo performativo»: un Gobierno que no puede reproducir el modelo policial salvadoreño sí puede reproducir su imaginería por el precio de un edificio.
La política de EE.UU. bajo el «Corolario Trump» financia y recompensa actualmente la adopción de políticas de «mano dura» y la construcción de megaprisiones en toda la región. Costa Rica se unió a la iniciativa «Escudo de las Américas» durante la cumbre de Doral en marzo y acordó recibir hasta 1.300 deportados de terceros países al año; un acuerdo al que se opone el 55% de los costarricenses, a pesar de que el 65% respalda la cooperación en materia de seguridad con Washington en términos generales.
La presidenta Fernández probablemente terminará su mandato en 2030 y entregará el poder a un sucesor elegido democráticamente. El Tribunal Supremo de Elecciones no está amenazado y la oposición política todavía conserva capacidad de influencia. Lo que está en juego es la independencia judicial: si los investigadores judiciales tendrán vehículos para trabajar en casos de homicidio y si la Fiscalía contará con fiscales suficientes para convertir esas investigaciones en las condenas que el Gobierno dice querer.
Las instituciones costarricenses todavía no están colapsando. Pero ninguna Constitución se hace cumplir por sí sola.
*Profesor de ciencia política en la Universidad del Norte de Texas en Dallas. Estudioso cubanoamericano de las relaciones civiles-militares y de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. El texto completo puede leerse en Latinoamérica21.
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