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Fuentes vinculadas a la causa confirmaron a Radio Sudamericana que el Juzgado Federal N.º 1 designó a las fuerzas de seguridad como depositarias judiciales de las máquinas de entrenamiento incautadas. Ante la falta de depósitos físicos para resguardarlas, las herramientas se destinaron a la Escuela de Suboficiales bajo estrictos protocolos de mantenimiento, control y responsabilidad patrimonial.
Miércoles 30 de Septiembre de 2026 - Actualizada a las: 19:44hs. del 30-09-2026
En el marco de la investigación judicial conocida como la "causa Exen", el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia autorizó a la Policía del Chaco y a la Gendarmería Nacional a hacer uso del equipamiento de entrenamiento que fuera secuestrado durante los procedimientos del expediente. Las fuerzas de seguridad fueron formalmente constituidas como depositarias judiciales, asumiendo la custodia, el mantenimiento y el control operativo de las maquinarias.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa en diálogo con Radio Sudamericana, la medida responde principalmente a una limitación logística: el Poder Judicial no cuenta con depósitos con capacidad suficiente para alojar bienes de este volumen. Frente a este contexto, “se dispuso el traslado y la distribución del equipamiento entre la Gendarmería y la policía provincial, permitiéndose posteriormente su instalación y aprovechamiento en la Escuela de Suboficiales para el adiestramiento del personal”.
La figura de depositario judicial impone un riguroso marco de responsabilidad a las instituciones beneficiarias. Cada una de las máquinas fue debidamente identificada y numerada, firmándose las actas correspondientes donde las fuerzas asumen el compromiso formal de conservarlas en óptimas condiciones. En caso de rotura, deterioro indebido o extravío de alguno de los elementos, las entidades depositarias tienen la obligación legal de reponerlos o saldar su valor.
Asimismo, la resolución establece que el equipamiento deberá ser restituido de forma inmediata en el momento en que el juzgado así lo requiera. Esto se debe a que los bienes continúan sujetos a la causa y podrían ser objeto de un decomiso definitivo a favor del Estado para su posterior asignación a la entidad que la Justicia determine. Del mismo modo, en el supuesto de que el proceso judicial concluya con una resolución favorable a los imputados o a las empresas involucradas, los elementos deberán ser devueltos a sus propietarios en el mismo estado en que fueron entregados.
Desde el ámbito judicial destacaron que la asignación de bienes secuestrados a organismos públicos y fuerzas de seguridad es un mecanismo contemplado por la ley. Esta modalidad no solo resuelve el problema de almacenamiento, sino que garantiza que los activos no se deterioren con el paso del tiempo y mantengan su valor utilitario mientras avanza la causa.
