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La crisis del acceso a la vivienda en España dejó de ser un problema estrictamente económico o social para transformarse en una terrible tormenta política en el corazón de la legislatura de Pedro Sánchez.
La crisis del acceso a la vivienda en España dejó de ser un problema estrictamente económico o social para transformarse en una terrible tormenta política en el corazón de la legislatura de Pedro Sánchez.
Lo que comenzó como un desajuste estructural en el mercado inmobiliario escaló hasta convertirse en el desafío más explosivo para el Ejecutivo de coalición (PSOE-Sumar), obligando al Palacio de La Moncloa a legislar bajo la presión directa de las calles.
El origen. Tras el estallido de la burbuja en 2008, el sector de la construcción español se desplomó de forma abrupta y entró en una década de atonía casi absoluta. Se dejó de construir. Sin embargo, la creación de hogares y la llegada de nueva población no se detuvieron al mismo ritmo.
Según estimaciones del Banco de España, el país arrastra hoy un déficit estructural de cientos de miles de viviendas (cercano a las 750.000 unidades) que la obra nueva es incapaz de absorber.
Durante el “boom” previo a 2008, el lema cultural en España era la propiedad a toda costa (“los pisos nunca bajan”). Al estallar la crisis, miles de familias perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias y desalojos masivos, destruyendo la capacidad de compra de una generación entera. Esto obligó a desplazar una demanda masiva hacia el mercado del alquiler, un sector que en España históricamente carecía de regulación, tradición y, sobre todo, de un parque público de protección (que apenas ronda un magro porcentaje del total).
Tras la debacle financiera de 2008, los grandes bancos españoles acumularon una cantidad ingente de activos tóxicos y viviendas embargadas. Para sanear sus balances exigidos por Europa, malvendieron paquetes masivos de estos inmuebles a bajos precios a fondos de inversión internacionales y grandes tenedores. Años después, esos mismos fondos son los que operan en las grandes ciudades, controlando porciones clave del suelo y tensionando los precios de los alquileres hasta niveles incompatibles con los salarios actuales.
Mientras que en 2008 la crisis inmobiliaria explotó por un exceso de oferta hipotecaria tóxica que arruinó a los bancos y a las familias compradoras, la crisis actual que padece Pedro Sánchez surge exactamente del efecto péndulo opuesto: una escasez brutal de oferta residencial, unos precios de alquiler que ya han superado los máximos de la burbuja histórica y una masa de ciudadanos atrapados en la “pobreza oculta” (personas que gastan casi todo su sueldo en pagar un techo).
Para el Ejecutivo, esto se traduce en una trampa perfecta: cualquier medida tibia sabe a poco para calmar las protestas ciudadanas herederas de aquella frustración, mientras que las soluciones de intervención radical (como prohibir desalojos a largo plazo o regular precios) reactivan las alarmas del sector económico que teme repetir los fantasmas del pasado.
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