Radio Online
El diputado nacional planteó que el Congreso vuelva a poner en vigencia la Ley de Tierras para evitar una discusión general sobre el DNU 70/2023. Además, anticipó que presentará un proyecto para construir defensas definitivas en el puente General Belgrano y reemplazar las estructuras provisorias actuales.
Lunes 05 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 18:31hs. del 05-10-2026
El DNU 70/2023 (a través de su artículo 154) dispuso la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) en Argentina, eliminando las restricciones que fijaban un límite del 15% a la propiedad extranjera a nivel nacional y provincial, el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y la prohibición de venta de campos en zonas de frontera o linderos a cuerpos de agua.
Aunque la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional dicha medida tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia por una cuestión formal al definir que el CECIM carecía de legitimación activa, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.
Al caer esa medida judicial, el artículo 154 recuperó plenamente su vigencia y la Ley de Tierras volvió a quedar derogada, dejando el debate sobre la regulación o restitución de los límites bajo la órbita de decisión del Congreso de la Nación o de legislaciones provinciales.
En este marco, el diputado nacional por Corrientes Diógenes González visitó los estudios de Radio Sudamericana, propuso reinstaurar la Ley de Tierras Rurales sin avanzar momentáneamente sobre el resto del DNU 70/2023, con el objetivo de cerrar la discusión sobre la norma y concentrar el debate legislativo en otros temas.
La propuesta surgió al referirse a la sesión especial convocada por sectores de la oposición para la próxima semana, que incluirá el tratamiento de distintos expedientes y del decreto que derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras.
“Deberíamos restaurar la vigencia de la ley de tierras para no tocar el DNU”, sostuvo. Según explicó, una revisión general del decreto podría generar una discusión sobre otras medidas relevantes, como las modificaciones introducidas en materia de alquileres y el presupuesto.
En ese sentido, planteó que una alternativa sería restablecer directamente la vigencia de la legislación sobre tierras rurales. “Se puede hacer”, afirmó, y señaló que esta opción sería más rápida que iniciar el proceso legislativo para sancionar una nueva norma.
La discusión sobre la compra de tierras
González consideró que el contenido de la ley debe ser analizado de manera específica. “Habría que discutir todo el contenido de la ley de tierras con un sentido racional”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó la situación de las localidades ubicadas sobre la costa del río Uruguay y señaló que algunos intendentes de esa zona consideran que las restricciones pueden limitar determinadas inversiones.
El diputado sostuvo que el debate quedó atravesado por posiciones enfrentadas y consideró que esa polarización dificulta incorporar matices. “La solución más práctica sería reinstaurarla como está, la ley sin discutirla, encontrar otro momento para volver a discutir esta situación”, explicó.
Para González, restablecer la norma permitiría separar esa discusión de otros temas que el Congreso deberá abordar durante las próximas semanas, entre ellos el Presupuesto 2027.
Presupuesto, discapacidad y universidades
Respecto del proyecto de Presupuesto 2027, el legislador señaló que su tratamiento en el recinto está previsto para noviembre y que actualmente el debate se desarrolla en comisiones.
González también cuestionó algunos aspectos vinculados con el financiamiento de la discapacidad incluidos en el proyecto y anticipó que su espacio no acompañará esos artículos si no son modificados.
Además, señaló que participará de reuniones con rectores de universidades nacionales para analizar el financiamiento del sistema universitario y, en particular, la situación de la Universidad Nacional del Nordeste.
Sobre los recursos previstos para Corrientes, consideró que el proyecto es insuficiente en materia de infraestructura. Entre los puntos que destacó mencionó la inclusión de una planta de tratamiento de líquidos cloacales y el aval soberano por 150 millones de dólares para que la provincia pueda acceder a financiamiento.
Sobre el financiamiento para el segundon pueblo, agregó: "Hay gestiones pero no aparece nada en el horizonte. Sería bueno que apareciera un inversor". Recordó como antecedente el puente Santo Tomé-São Borja, construido mediante inversión privada.
Cabotaje y obras de infraestructura
Sobre el proyecto de Ley de Cabotaje que impulsa junto con otros legisladores. Explicó que la iniciativa busca facilitar que pequeñas y medianas empresas puedan utilizar el transporte fluvial para trasladar parte de su producción.
Según planteó, esto permitiría reducir el tránsito de camiones por las rutas y bajar costos logísticos. También señaló que mantiene conversaciones con sectores del Gobierno nacional para intentar alcanzar un acuerdo sobre el proyecto.
Asimismo, anticipó que presentará un proyecto para avanzar en la construcción de defensas definitivas para el puente General Belgrano, en reemplazo de las estructuras provisorias instaladas actualmente. Según explicó, la iniciativa busca proteger una infraestructura que considera estratégica para la conexión entre Corrientes y Chaco.
