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La pelea entre el empresario Euclides “Tati” Bugliotti y el gobierno de Villa Carlos Paz por un predio de casi 95 hectáreas dejó de ser un cruce de declaraciones.
La pelea entre el empresario Euclides “Tati” Bugliotti y el gobierno de Villa Carlos Paz por un predio de casi 95 hectáreas dejó de ser un cruce de declaraciones. Durante el fin de semana, el municipio ordenó frenar tareas de excavación y desmonte en el Área Protegida 1 (AP1), sobre la colectora sur de la autopista, a la altura del kilómetro 2,5. Informó además que dio aviso a la Policía Ambiental de la Provincia y que durante la inspección halló un contenedor con la inscripción “Grupo Dinosaurio”.
Bugliotti respondió que no hizo obra alguna y que el contenedor no está en su terreno, sino en uno de Caminos de las Sierras, donde la Provincia proyecta una rotonda. “Yo no he construido nada […] ni he entrado nunca al campo”, afirmó en Punto a Punto Radio. Dijo que lo colocó solo para fijar un domicilio legal en la ciudad y que no lo puso en su terreno.
La discusión central es dónde está el contenedor y qué se movió alrededor. El municipio habla de una parcela dentro del AP1 con modificaciones en el terreno y en la vegetación. El empresario sostiene que el sector pertenece al futuro trazado vial y que solo se retiró la tierra necesaria para apoyar la estructura. En otro tramo admitió que hubo que despejar algo de vegetación para ubicarla.
Fuentes de Caminos de las Sierras aportaron un tercer dato: la empresa no tiene maquinaria ni obrador en la zona. Agregaron que, a su criterio, el contenedor ni siquiera está sobre terreno de la traza, sino dentro del predio del empresario.
Bugliotti inauguró un parque solar en Deán Funes y proyecta otro en Carlos Paz
El comunicado municipal no precisa la magnitud del desmonte ni quién lo ejecutó, y señala solo la presencia del contenedor. Si no hay obra provincial en marcha, como indica la concesionaria, y el empresario habla de movimientos mínimos, la pregunta queda abierta: quién removió la tierra y para qué.
El predio figura a nombre de Karmya S.A., sociedad vinculada al Grupo Dinosaurio. Sus directores titulares son María Florencia, María Fernanda, María Eugenia y Martín Alejandro Bugliotti. La superficie total es de 94,6 hectáreas y su valuación fiscal asciende a $1.577.838.909,24, según el informe de Catastro. Bugliotti habla de “100 hectáreas”. La compra, según el relato, es reciente.
El sector fue declarado Área Protegida Intangible en 2015, por la Ordenanza 6010, incorporada al Código de Edificación (Ordenanza 4021). El texto prohíbe modificar el relieve natural, alterar el ecosistema y subdividir lotes. Solo admite tareas de remediación y preservación del bosque serrano, actividades científicas y servicios ambientales. Ni un parque solar ni una terminal de ómnibus figuran entre esos usos.
El mismo código prevé una vía formal para cualquier proyecto que altere las condiciones ambientales de un área protegida. Debe presentarse ante el Concejo de Representantes con estudio de impacto ambiental y plan de manejo del fuego, y aprobarse por ordenanza, con doble lectura y audiencia pública. Si ese camino permite habilitar usos hoy vedados en una zona intangible es una discusión jurídica que el municipio no abordó en público.
Bugliotti apuntó contra Avilés por la obra frenada en Carlos Paz: "Es un papelón, paralizaron un contenedor"
Hay un punto en el que las versiones coinciden. Hasta ahora no ingresó proyecto alguno, ni al municipio ni a la Secretaría de Ambiente provincial. “Yo no he presentado el proyecto todavía”, dijo Bugliotti. Reconoció, además, que adquirió la tierra a sabiendas de que “es reserva”.
Fuentes de la Municipalidad de Carlos Paz remarcan ese punto. Consideran que el empresario conocía la restricción y que avanzó sin aviso sobre una fracción de la montaña que, dicen, cumple una función de divisoria de aguas y de paisaje, parte del cordón serrano que separa Carlos Paz de Malagueño.
Un proyecto en busca de permiso
Bugliotti propone tres iniciativas: un parque fotovoltaico con baterías, que anticipó de unos 20 megavatios; una terminal de ómnibus, con una inversión que calculó en más de US$ 1,5 millón, que ofrecería a la ciudad en concesión o alquiler; y un parque autóctono privado en el resto del terreno. “Lo hago yo, me ajusto a las reglas del juego”, dijo a Perfil Córdoba. También aseguró que ninguna obra se hará sin autorización: “No voy a hacer nada si no me lo autorizan”. Admitió que, si el permiso no llega, puede esperar: “Como soy joven puedo esperar unos 10, 15, 20 años más”, ironizó.
Sobre la energía, sostuvo que el parque está “aprobado por EPEC”. Las fuentes de la empresa estatal matizan. Aseguran que Carlos Paz tiene potencia instalada de sobra y que solo deben otorgar la factibilidad para inyectar energía a la red. La factibilidad de uso del suelo, subrayan, no les corresponde. En la Secretaría de Ambiente provincial coinciden en que esa decisión es municipal. Sin ese aval, el trámite provincial no avanza. Valoran, en general, que un parque solar sea una inversión favorable en términos ambientales, siempre que se ubique en una zona sin restricciones.
La rotonda, el tercer actor
Bugliotti hizo de la obra vial su argumento central. Dijo que la Provincia anunciará una rotonda en el lugar y que él colaborará con maquinaria. Desde Caminos de las Sierras dicen que el gobernador Martín Llaryora ya anunció en julio la rehabilitación de unos cinco kilómetros de la colectora y una rotonda a la altura del distribuidor Costa Azul.
La obra, según fuentes de la empresa, está en una etapa previa, sin maquinaria en el terreno. Esas fuentes se desmarcan de la disputa, pero no niegan que la obra pueda favorecer a quienes invierten en la zona.
La disputa tiene una secuencia que ayuda a entenderla. En septiembre, Bugliotti dijo que el intendente Esteban Avilés no atendía sus llamados. Semanas después inauguró en Deán Funes el parque solar de 40 MW de su grupo, una inversión de US$ 30 millones, junto a Llaryora. Pocos días más tarde llegó la paralización en Carlos Paz.
El empresario insistió en que la ciudad no lo escucha: “No me atiende el teléfono. ¿Qué quiere que haga?”. Y planteó que su caso no es único: “Todos los empresarios se están yendo de Carlos Paz, están invirtiendo en otro lado”. Perfil Córdoba informó que el grupo concentró inversiones en Malagueño, donde unificó unas 10 hectáreas para un Super Mami y un polo de entretenimiento, tras no prosperar su intento por los terrenos del Automóvil Club Argentino en la villa serrana.
Del otro lado, Avilés eligió el silencio. No hubo voceros: la única posición pública es el comunicado. El intendente había fijado su línea en el discurso de apertura de sesiones. Dijo allí que “no permitiremos que ciertos desarrollistas inmobiliarios […] actúen en contra de la ley”, aunque el destinatario inmediato era otro grupo desarrollador.
Con un año electoral por delante y sin definir públicamente si buscará otro mandato (aunque es un hecho que lo hará), la defensa de las áreas protegidas es una bandera de su gestión, y un empresario de gran capacidad inversora que reclama desarrollo funciona como contraste útil. Para el oficialismo, el costo es que el discurso ambiental quede asociado a la falta de respuesta y a la fuga de inversiones. Esa es, justamente, la crítica de la oposición. Emilio Iosa habló con Perfil Córdoba de “un grave problema de diálogo que se volvió sistemático” y calificó de “capricho político” la pérdida de oportunidades.
La Provincia ocupa un lugar incómodo. Comparte escenario con el empresario, ejecuta la obra vial que lo rodea y tiene al municipio como autoridad sobre el uso del suelo. En reserva, las áreas provinciales marcan distancia de ambos: la rotonda no empezó y la factibilidad territorial es del municipio. El conflicto queda así entre el Grupo Dinosaurio y Carlos Paz, sin que ninguno de los dos pueda sumar a la Provincia de forma explícita.
Cada parte tiene su flanco. Bugliotti reconoce que sabía de la restricción y no presentó ningún proyecto. El municipio tiene la letra de una ordenanza de intangibilidad, pero no brindó datos sobre el alcance del desmonte ni sobre quién lo hizo, y no habló en público. Queda abierta la posibilidad de una negociación, aunque ninguna de las partes la planteó.
Hay tres pendientes. La Policía Ambiental debe decidir si abre actuaciones y con qué alcance. Bugliotti debe presentar el proyecto que anunció, algo que, según dijo, no busca judicializar por ahora. Y la Provincia debe avanzar con la licitación de la obra vial. De cómo se resuelvan esos tres frentes depende que la disputa se encauce por la ordenanza o continúe en el terreno político.
