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Cinco años después de la sanción de la ley, la cantidad de abortos legales atendidos por el sistema público parece haberse estabilizado. En 2025 se registraron 87.603 IVE/ILE en 20 provincias y una tasa de 7,45 cada mil mujeres de 15 a 49 años.
Cinco años después de la sanción de la ley, la cantidad de abortos legales atendidos por el sistema público parece haberse estabilizado. En 2025 se registraron 87.603 IVE/ILE en 20 provincias y una tasa de 7,45 cada mil mujeres de 15 a 49 años.
Cinco años después de la sanción de la ley que reguló el acceso al aborto en la Argentina, la cantidad de interrupciones realizadas en el sistema público parece haber entrado en una meseta. Durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en 20 provincias, una cifra que no muestra cambios significativos respecto de 2024. El dato surge del nuevo reporte anual del “Proyecto Mirar”, elaborado por especialistas del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y otras organizaciones.
El relevamiento se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública enviados a las 24 jurisdicciones y al Ministerio de Salud de la Nación. Respondieron 16 jurisdicciones y, con información adicional aportada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, fue posible completar los datos de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán. Así se conformó una radiografía de 20 provincias, aunque quedaron afuera Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
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Por eso, los autores destacan que los 87.603 casos no deben interpretarse como el total de abortos ocurridos en el país. Tampoco incluyen las prácticas realizadas a través de obras sociales, prepagas o de manera autogestionada. Mariana Romero, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), investigadora titular del área de Salud, Economía y Sociedad e investigadora independiente del CONICET, le explicó a PERFIL que deliberadamente evitaron realizar proyecciones para completar los datos faltantes. “No hablamos de totales nacionales”, señaló, porque una extrapolación requeriría asumir variables y modelos que podrían introducir incertidumbre.
La distribución territorial muestra una fuerte concentración. La provincia de Buenos Aires informó 41.446 procedimientos; CABA, 9.458 “situaciones asistidas”; y Córdoba, 9.341. En conjunto, representan alrededor del 72% de las IVE/ILE informadas, aunque esas tres jurisdicciones concentran aproximadamente el 53% de las mujeres en edad fértil del país.
Otro indicador refuerza la idea de estabilidad. La tasa estimada para 2025 fue de 7,45 abortos cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a los 7,49 registrados en 2023, último año para el cual hubo información de todas las jurisdicciones. Además, la mitad de las provincias relevadas quedó por encima de esa tasa y la otra mitad, por debajo.
Aborto seguro frente a la desinformación
Romero considera que la evolución temporal aporta cierta solidez a la fotografía disponible. Según explicó, las provincias que vienen aportando datos no muestran saltos bruscos respecto de los años anteriores. “No encontramos datos que se disparen mucho respecto del año anterior y de los años previos”, señaló. Para la investigadora, eso permite afirmar que existe un piso de alrededor de 85 mil abortos anuales atendidos por el sistema público, aunque la cifra real podría ser algo mayor.
El informe también muestra que la estructura asistencial se mantuvo prácticamente estable. En las 19 provincias que informaron ese dato había 1.846 efectores públicos que garantizaban IVE/ILE en 2025, frente a 1.862 en 2023. Y en 14 de las 15 jurisdicciones que precisaron el nivel de complejidad, al menos siete de cada diez establecimientos pertenecían al primer nivel de atención, una característica que facilita el acceso temprano.
También se consolidó el aborto medicamentoso como procedimiento predominante. Nueve provincias informaron la técnica utilizada y, en la mayoría, prevalecieron los medicamentos por sobre la aspiración manual endouterina. A su vez, entre las jurisdicciones que aportaron información sobre tiempos de atención, entre el 89% y el 100% de los procedimientos se concretaron dentro del plazo de diez días establecido por la ley.
¿Por qué ya no puede compararse con la vieja estimación de 300 mil abortos?
Durante años circuló en la Argentina una estimación de alrededor de 300 mil abortos inducidos anuales. Pero Mariana Romero advierte que no corresponde confrontar de manera directa aquella cifra con los casi 88 mil procedimientos que hoy registra el sistema público. Aquellos cálculos se hicieron con metodologías internacionales válidas, pero sobre información de comienzos de siglo y en un contexto sanitario muy diferente.
Desde entonces cambiaron numerosos factores: se amplió la distribución gratuita de anticonceptivos, se incorporaron métodos de larga duración como los implantes subdérmicos, aparecieron programas para prevenir embarazos no intencionales y se extendió el uso de misoprostol.
Además, los egresos hospitalarios vinculados con abortos inseguros -uno de los insumos empleados en aquellas estimaciones- pasaron de casi 69 mil en 2005 a unos 36 mil en 2023.
“Hoy no tenemos certeza sobre cuántos abortos hay en Argentina más que lo que reporta el sector público”, sintetizó Romero. Tampoco existen datos públicos suficientes para calcular con precisión los realizados por prepagas y obras sociales. Una eventual aproximación, señaló, requeriría contar, entre otros datos, con información sobre la cantidad de tratamientos farmacológicos vendidos, hoy no disponible públicamente.
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