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El investigador del Observatorio de Tierras de la UBA Matías Oberlín, sostuvo que la decisión judicial generó un período de incertidumbre sobre los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. También reclamó que se resuelva la constitucionalidad del decreto.
Viernes 09 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 23:50hs. del 09-10-2026
El investigador Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia tras la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU 70/2023, vinculado con la Ley de Tierras Rurales.
En diálogo con Canal 5TV, advirtió que la decisión dejó durante diez días, según su interpretación, un vacío en las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros y reclamó que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
“Lo primero que hay que preguntarle a la Corte Suprema de Justicia es por qué no falla sobre la cuestión de fondo”, afirmó Oberlin. Según sostuvo, el decreto es inconstitucional porque modifica normas que corresponden al ámbito legislativo.
El investigador consideró que la suspensión provisoria no resuelve el conflicto jurídico y cuestionó que la definición quede ahora en manos de un juzgado de primera instancia. “Nuestra institucionalidad, nuestra protección de nuestro territorio no puede depender del humor de los jueces”, expresó.
El impacto sobre la compra de tierras
Oberlin advirtió que la falta temporal de restricciones podría afectar el control sobre la propiedad de terrenos en zonas de frontera y áreas de interés estratégico, como las cercanas a ríos, lagos y montañas.
También señaló que, durante ese período, no habría funcionado el registro que permitía controlar la titularidad de las tierras rurales. “Nos vamos a enterar cuando aparezca el cerco al lado del río, cuando aparezca el cerco al lado del lago, cuando aparezca el cerco al lado de la montaña”, sostuvo.
Como antecedente, mencionó un informe del Observatorio de Tierras sobre la compra de terrenos en Calingasta, San Juan, por parte de integrantes del cartel de Juárez, una organización criminal mexicana. Según relató, esas propiedades estuvieron bajo su control durante casi 30 años.
Para Oberlin, la Ley de Tierras constituye una herramienta para limitar la adquisición de terrenos rurales por extranjeros y dificultar operaciones mediante testaferros. La norma fue sancionada en 2011.
El investigador también pidió que el Congreso debata la validez del DNU 70/2023 y sostuvo que los diputados tienen una responsabilidad central en la discusión. Durante la entrevista, reclamó que el decreto sea rechazado y que cualquier modificación normativa se trate mediante proyectos de ley.
En ese contexto, convocó a participar de la movilización anunciada para el 15 de octubre y vinculó el reclamo por la Ley de Tierras con otras demandas sociales, entre ellas el financiamiento universitario y los derechos de las personas con discapacidad.
Oberlin cuestionó, además, que la Corte no haya emitido una definición definitiva sobre la constitucionalidad del decreto. “El DNU en su conjunto es inconstitucional”, afirmó.
