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En los alegatos de clausura acusaron al neurocirujano y al equipo médico por el homicidio del astro, ocurrido en noviembre de 2020.
En los alegatos de clausura acusaron al neurocirujano y al equipo médico por el homicidio del astro, ocurrido en noviembre de 2020.
LOS FISCALES PATRICIO FERRARI Y COSME IRIBARREN DURANTE LA EXPOSICIÓN DEL ALEGATO EN SAN ISIDRO.
En una jornada decisiva para el desarrollo del proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, los fiscales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron formalmente sus alegatos de clausura ante el tribunal interviniente. Durante una extensa y detallada exposición, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron una pena de doce años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, al considerarlo la figura principal y el máximo responsable del equipo de salud que estuvo a cargo de la atención del ídolo futbolístico durante sus últimos días de vida. Asimismo, los acusadores públicos solicitaron una condena de diez años de cárcel contra la jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, encuadrando la conducta de ambos profesionales bajo la figura penal de homicidio simple con dolo eventual.
La acusación de la fiscalía se fundamentó en una minuciosa revisión de las pruebas recolectadas, los peritajes médicos y las declaraciones testimoniales vertidas a lo largo de las audiencias del debate oral. En ese marco, los fiscales ponderaron el nivel de abandono, las omisiones sistemáticas y las deficiencias organizativas detectadas en la internación domiciliaria dispuesta en la propiedad del barrio privado de Tigre, donde se produjo el deceso del astro argentino el 25 de noviembre de 2020. Dentro del mismo esquema punitivo, Ferrari e Iribarren peticionaron una pena de ocho años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov por el delito de homicidio simple con dolo eventual, solicitando paralelamente una sanción complementaria de diez años de inhabilitación especial para continuar ejerciendo la medicina en cualquiera de sus ramas.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal establecieron matices e intensidades en cuanto al grado de responsabilidad penal atribuible a los demás integrantes del cuerpo profesional de salud imputados en la causa. En lo relativo al psicólogo Carlos Díaz, los fiscales solicitaron una pena de cinco años de prisión al evaluar que su accionar configuró la figura de homicidio culposo, requiriendo además el doble de tiempo de inhabilitación para el ejercicio de su actividad profesional. En tanto, para el enfermero Ricardo Omar Almirón y para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la fiscalía solicitó la pena de cuatro años de prisión e idéntico período de inhabilitación profesional al considerarlos partícipes del trágico desenlace.
En contraposición a estas solicitudes de condenas, la fiscalía resolvió formalmente no formular cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Al fundamentar esta decisión, los fiscales consideraron que la actuación de Di Spagna fue acotada, recordando que el profesional había recomendado la intervención de un nutricionista para evaluar la dieta del paciente y que únicamente pudo tomar contacto personal con el exfutbolista el 12 de noviembre de 2020, viéndose imposibilitado de examinarlo durante los días 18 y 19 de ese mismo mes.
Tras la culminación de la exposición del Ministerio Público Fiscal tomó la palabra la querella representada por el abogado Eduardo Ramírez, apoderado legal de Diego Maradona Junior. El letrado se alineó en gran medida con el criterio de la fiscalía en cuanto a la gravedad de los tipos penales, aunque solicitó medidas cautelares de cumplimiento inmediato. Ramírez solicitó la pena de doce años de prisión y diez años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual, requiriendo expresamente al tribunal su detención inmediata dentro de la misma sala de audiencias. En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, el abogado querellante demandó una condena de diez años de cárcel e igual período de inhabilitación, junto con la petición de prisión preventiva efectiva. Del mismo modo, peticionó diez años de pena privativa de la libertad y diez años de inhabilitación para Nancy Forlini, reclamando asimismo su inmediata privación de la libertad.
Respecto del resto de los acusados, la querella particular encabezada por Ramírez coincidió con la fiscalía al solicitar cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y para el enfermero Ricardo Omar Almirón, adhiriendo a su vez al pedido de absolución total en favor del médico clínico Pedro Di Spagna.
La agenda del juicio continuará la próxima semana con las exposiciones del resto de los querellantes particulares. El martes 13 de octubre presentarán sus correspondientes alegatos Mario Baudry, en representación de Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando, junto a Félix Linfante, apoderado legal de Jana Maradona. Por su parte, la jornada del miércoles 14 estará destinada a las intervenciones finales de Pablo Jurado, abogado defensor de las hermanas del exfutbolista, y de Fernando Burlando, quien representa los intereses de Dalma y Gianinna Maradona.
Tapa del Sábado 10 de Octubre de 2026
