Advierten que los jubilados deben probar el daño económico para reclamar

Tras el último fallo de la Corte Suprema, señalan que los haberes perdieron drásticamente contra la inflación entre 2020 y 2023. Instan a demandar con pruebas concretas.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia validara el 4 de diciembre de 2025 la antigua reforma previsional en Argentina, se encendieron las alarmas por la brutal pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los jubilados entre los años 2020 y 2023. Frente a esta situación, especialistas recomiendan a los adultos mayores iniciar reclamos legales demostrando el perjuicio económico directamente en sus recibos de sueldo, con el objetivo urgente de exigirle al Estado que pague la diferencia adeudada y garantice un ingreso mensual que cubra las necesidades básicas.

El reciente fallo del máximo tribunal nacional (en la causa "Fernández Pastor") rechazó los cuestionamientos contra la fórmula jubilatoria aprobada en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, esta decisión judicial dejó sin resolver un problema mucho mayor y más actual: la enorme caída del poder de compra que padecieron los adultos mayores en los años siguientes.

Para entender la magnitud del daño en los bolsillos, basta con observar los números oficiales del año 2023. Mientras la inflación nacional alcanzó un 211,4%, los cuatro aumentos generales que recibieron los jubilados (sin contar los bonos extraordinarios) sumaron apenas un 110,9%. Esto significa que, aunque los números en el recibo parecían mayores, la capacidad real de compra cayó un 32,3%.

Esta crisis golpeó de manera aún más agresiva en provincias como Corrientes, donde el costo de los gastos de supervivencia se disparó. En la región del Noreste, rubros indispensables como alimentos y salud sufrieron aumentos alarmantes del 248,7% y 232,5% respectivamente durante ese mismo año.

Ante este panorama, la única salida viable para recuperar el dinero perdido es acudir a la Justicia, pero la ley exige presentar pruebas precisas del impacto personal. "Para reclamar hay que demostrar el perjuicio. Los recibos, la resolución del beneficio y una liquidación comparativa permiten reconstruir cuánto se cobró, cómo evolucionaron los precios y qué pérdida se produjo", detalla el análisis legal.

Estos reclamos se apoyan directamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual obliga al Estado a garantizar jubilaciones móviles que no pierdan su valor con el paso del tiempo. El objetivo de fondo no es solo debatir una fórmula matemática, sino asegurar que los ingresos alcancen para acceder a una buena alimentación, vivienda y atención médica, permitiendo a los jubilados tener una vida digna.