
Los ganaderos de la frontera de Corrientes con Brasil han abandonado unas 400.000 hectáreas, espantado por el creciente robo de ganado, que se ha convertido en crimen organizado desde la costa brasileña con apoyo y redes en las riberas de los ríos Paraná y Uruguay.
Los ganaderos de la frontera de Corrientes con Brasil han abandonado unas 400.000 hectáreas, espantado por el creciente robo de ganado, que se ha convertido en crimen organizado desde la costa brasileña con apoyo y redes en las riberas de los ríos Paraná y Uruguay. Es tanta la tecnología que usan los delincuentes que, además de lanchas de gran potencia, cuentan con drones con los que identifican los rodeos que planean robar.
La ganadera María Marta Batalla, de Paso de los Libres e integrante de la comisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural local, sostuvo que el abigeato en Corrientes dejó de ser el robo ocasional de unos pocos animales para convertirse en una actividad de crimen organizado, con bandas que cuentan con infraestructura, tecnología y equipamiento.
Según la dirigente, Corrientes tiene más de 400.000 hectáreas ganaderas abandonadas, muchas en zonas de frontera, como consecuencia directa de este delito. Citó el caso ocurrido en enero en La Cruz, que involucró entre 250 y 300 cabezas de ganado, y afirmó que todas las semanas se registran episodios con decenas de animales desaparecidos. «En una o dos oportunidades tuvimos casos de más de 20 animales faenados en una noche», relató.
Batalla planteó además la necesidad de investigar a quienes reciben la hacienda robada, a quienes describió como parte de una cadena con «muchos actores involucrados». «Los productores han dejado, abandonado literalmente los establecimientos por el flagelo del abigeato», afirmó.
La dirigente reconoció el trabajo de la Policía Rural (Priar), pero señaló que sus efectivos operan con recursos escasos. Como ejemplo, mencionó un procedimiento en el que los agentes, sin señal de celular, tuvieron que pedir la conexión wifi de una propiedad privada para comunicarse con el juzgado interviniente.
En cuanto a la estructura judicial, explicó que la Ley provincial 5.691 prevé 11 fiscalías rurales, pero solo cinco están en funcionamiento. La correspondiente a la circunscripción de Paso de los Libres y General San Martín permanece en concurso, aunque el Consejo de la Magistratura ya convocó con carácter urgente a cubrir el cargo de fiscal Rural y Ambiental con asiento en esa ciudad.
Ley 5.691: prevé 11 fiscalías rurales
Actualmente en funciones: 5
Vacante urgente: Paso de los Libres y General San Martín
Batalla también cuestionó decisiones judiciales puntuales. Citó un caso de 40 cabezas recuperadas en el que, según relató, el fiscal de Mercedes pidió la prisión de los imputados pero un juzgado de revisión les otorgó prisión domiciliaria. «Sentimos que siempre, lamentablemente, la Justicia es muy laxa y flexible para el que delinque», sostuvo la dirigente rural.
A lo largo de septiembre se registraron varios hechos vinculados al robo de ganado en la provincia: la faena de ocho vacunos en Cuay Grande, cerca de Santo Tomé; la prisión preventiva de 180 días para dos ciudadanos paraguayos acusados de integrar una banda transfronteriza; la detención de dos hombres en Esquina con carne recién faenada; y un allanamiento en Colonia San Antonio. A fines de mes, productores del paraje Rincón de Vences, en el departamento General Paz, denunciaron que el abigeato volvió «imposible» sostener la actividad.
No se han notado progresos pese a la promesa brasileña de reforzar la custodia de la costa del río Uruguay, impulsado por el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres. Batalla remarcó que el problema no se limita a la faena de animales: también hay robos en viviendas rurales, sustracción de productos veterinarios y hechos de vandalismo.
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