
La Anmat advirtió que se trata de un producto ilegal cuya condiciones de elaboración se desconocen y es, por lo tanto, potencialmente perjudicial para la salu
La Anmat advirtió que se trata de un producto ilegal cuya condiciones de elaboración se desconocen y es, por lo tanto, potencialmente perjudicial para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de una marca de lavandina. Así quedó plasmado en la Disposición 6539/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí se dispuso la prohibición de "la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto 'Agua Lavandina, marca; 656 PROFESIONAL', hasta tanto cuente con los correspondientes registros sanitarios".
De acuerdo con la Anmat el producto ahora vedado no contaba con registro sanitario y no había sido posible identificar al establecimiento responsable de su fabricación.
La investigación comenzó a partir de una consulta realizada por un particular ante el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que manifestó dudas sobre la legitimidad del producto.
A raíz de esa presentación, el organismo inició una serie de verificaciones y constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales.
Además, los inspectores no lograron identificar un establecimiento responsable de su elaboración. La Anmat envió una notificación postal a la dirección de la firma que figuraba en redes sociales, pero no obtuvo respuesta.
También solicitó información a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que no existían antecedentes de registro del producto en esa jurisdicción.
Ante estas irregularidades, el organismo dispuso la prohibición preventiva debido a que se desconocen las condiciones en las que se fabrica la lavandina. La disposición señala que la medida busca proteger a los consumidores, ya que la falta de registros impide acreditar que el producto haya sido elaborado y fiscalizado conforme a la normativa sanitaria vigente.