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El siniestro paraliza el transporte de carbón por cuatro meses, provoca pérdidas por 10 millones de dólares y escala en medio de la disputa por la transformación de la empresa en Sociedad Anónima impulsada por Javier Milei.
El siniestro paraliza el transporte de carbón por cuatro meses, provoca pérdidas por 10 millones de dólares y escala en medio de la disputa por la transformación de la empresa en Sociedad Anónima impulsada por Javier Milei.
Las primeras pericias oficiales realizadas sobre el tren carbonero que sufrió un violento descarrilamiento en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) encendieron las alarmas de los investigadores al detectarse indicios técnicos que apuntan hacia una hipótesis de presunto sabotaje intencional, según indicaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo.
El relevamiento inicial sobre la traza ferroviaria y los componentes mecánicos de la formación dejó al descubierto anomalías que no se corresponderían con un desgaste operativo habitual ni con una falla mecánica espontánea, motivando un giro drástico en la causa judicial que busca determinar las responsabilidades detrás del siniestro. “Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, aseguró el gobernador.
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De acuerdo con los datos preliminares aportados por los peritos balísticos y accidentológicos que trabajaron en el lugar, el estado en el que se encontraron los durmientes, los sistemas de sujeción de los rieles y los dispositivos de cambio de vía sugiere la intervención humana deliberada para provocar la pérdida de estabilidad de los vagones.
“Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, sentencia el mandatario.
Los especialistas analizaron minuciosamente los puntos críticos del trayecto donde se produjo el impacto y notaron marcas y desplazamientos milimétricos en la infraestructura que refuerzan la sospecha de una maniobra orientada a interrumpir el normal funcionamiento del transporte de carbón.
“La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, explicó Gordillo.
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Este escenario de tensión institucional e investigativa se da en un contexto sumamente delicado para la empresa estatal y su plan de reactivación productiva en la provincia de Santa Cruz, donde el ferrocarril cumple un rol logístico estratégico para conectar los yacimientos con el puerto de Punta Loyola. Las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad federales abocadas al expediente continúan recolectando pruebas testimoniales y analizando registros fílmicos de la zona para esclarecer si existió un plan sistemático destinado a dañar los recursos operativos de la compañía.
La pérdida de esta maquinaria representa un golpe crítico para la logística del yacimiento, ya que la locomotora había permanecido detenida durante seis meses y acababa de ser reacondicionada tras casi dos meses de trabajo intensivo por parte del personal técnico. Su inhabilitación paraliza por completo el único medio de transporte de carbón de la compañía por un lapso estimado de tres a cuatro meses, lo que generará una pérdida calculada en aproximadamente 10 millones de dólares por la interrupción del servicio, un impacto severo que llevó al funcionario Gordillo a sintetizar la gravedad del escenario: “Me pararon todo”.
La crisis operativa y el rol estratégico del ramal ferroviario en Santa Cruz
El episodio del tren descarrilado en YCRT se inscribe en un escenario histórico de extrema tensión política, sindical y operativa que rodea a la empresa estatal encargada de la explotación del complejo minero-carbonífero en la provincia de Santa Cruz. A lo largo de los últimos años, la compañía ha atravesado recurrentes procesos de reestructuración, disputas por convenios laborales y debates en torno a su sustentabilidad económica y su privatización o concesión, lo que convierte a cualquier incidente de infraestructura en un tema de alta sensibilidad institucional y gremial.
En el centro de esta pulseada se encuentra el corredor ferroviario que une los yacimientos cordilleranos con el puerto exportador de Punta Loyola, una vía de más de 150 kilómetros indispensable para la salida del carbón hacia los mercados internacionales y para el abastecimiento energético de la usina térmica local. Las reiteradas demoras, los problemas de mantenimiento y las denuncias cruzadas por desfinanciamiento han deteriorado la operatividad de la traza, transformando al ferrocarril en un blanco constante de conflictos de intereses donde convergen reclamos sindicales, auditorías de gestión y fuertes sospechas sobre sabotajes orientados a entorpecer la reactivación productiva de la empresa pública.
El cruce con el Gobierno nacional por la transformación en Sociedad Anónima
La decisión del Gobierno de Javier Milei de transformar a la empresa estatal en una Sociedad Anónima (SA), un paso administrativo clave hacia su privatización, concesión o reestructuración profunda, generó un fuerte rechazo en los sectores sindicales y políticos locales que defienden la gestión estatal del complejo minero y ferroviario.
En ese marco de alta tensión, donde se discute el futuro laboral de los trabajadores, la readecuación del yacimiento y el traspaso de la compañía a la órbita privada, las sospechas de sabotaje en el tren carbonero cobran otra dimensión. Para los investigadores y analistas, este tipo de episodios críticos en la infraestructura (como el descarrilamiento y las fallas intencionales en las vías) suelen operar en medio de disputas de intereses sobre el control, la seguridad y la viabilidad operativa de la empresa en pleno proceso de transformación jurídica.
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