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El Gobierno provincial fijó una nueva fecha para recibir ofertas por el histórico inmueble de Recoleta. La operación vuelve a abrir el debate sobre el destino de una propiedad con valor arquitectónico y una larga historia vinculada a la provincia.
El Gobierno provincial fijó una nueva fecha para recibir ofertas por el histórico inmueble de Recoleta. La operación vuelve a abrir el debate sobre el destino de una propiedad con valor arquitectónico y una larga historia vinculada a la provincia.
El Gobierno sanluiseño volverá a poner en venta el ex Palacio Lagomarsino, ubicado en Azcuénaga 1083/1087, en el barrio porteño de Recoleta, donde funciona actualmente la Casa de San Luis en Buenos Aires. La tasación oficial para esta nueva subasta se fijó en US$ 2.927.392 y la apertura de ofertas está prevista para el 10 de diciembre de 2026. La operación estará a cargo de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis, luego de un primer intento de venta que no recibió ofertas.
El nuevo valor representa una reducción de US$ 23.926 respecto de la tasación anterior, que había sido establecida en US$ 2.951.318. La diferencia equivale a una baja aproximada del 0,81%.
Uno de los argumentos planteados por el Gobierno provincial para avanzar con la venta está relacionado con los costos de mantenimiento del edificio. Según los datos oficiales difundidos, durante 2025 demandó 137.500.000,equivalentesaunosUS137.500.000, equivalentes a unos US 95.000 según la conversión informada por la Provincia.
La decisión vuelve a poner en discusión el destino de una propiedad que no solo tiene funciones administrativas, sino también un valor histórico y arquitectónico. El inmueble fue construido en 1920 por encargo de Carlos Lagomarsino y se encuentra catalogado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel Estructural, una protección que establece restricciones para intervenir sobre sus características originales.
El edificio fue diseñado por Virgilio Colombo, arquitecto milanés vinculado al desarrollo del Art Nouveau en Buenos Aires. Cuenta con cuatro pisos, ascensor, murales y grandes vitrales, además de una composición arquitectónica que debe conservarse por las restricciones patrimoniales vigentes.
La residencia perteneció inicialmente a la familia Lagomarsino, que la habitó durante cuatro años. Posteriormente, funcionó como consultorio médico del doctor Riguera y, durante la década de 1960, albergó la Primera Escuela de Aviación y dependencias del servicio de inteligencia de la Aeronáutica, que permanecieron allí hasta 1969, según los antecedentes históricos difundidos.
En 1973, el inmueble pasó a funcionar como sucursal del Banco Interamericano Regional. Tras la quiebra bancaria y la crisis económica de comienzos de la década de 1980, terminó en subasta. En 1984, durante el primer mandato de Adolfo Rodríguez Saá como gobernador, el Gobierno de San Luis adquirió la propiedad, que desde mediados de esa década funciona como sede de la Casa de San Luis en Buenos Aires.
La protección patrimonial impone límites sobre cualquier modificación. Deben conservarse la tipología arquitectónica, los materiales y las ornamentaciones originales, mientras que no se permite ampliar el volumen del edificio y existen restricciones para alterar su composición espacial.
De acuerdo con las condiciones informadas, podrán presentar ofertas personas físicas y jurídicas, organismos públicos y privados, gobiernos nacionales, provinciales y municipales, así como oferentes extranjeros.
Entre las exclusiones previstas figuran las personas condenadas por delitos contra la administración pública, los fallidos o concursados que no hayan sido rehabilitados y los funcionarios de la administración pública provincial que hayan ejercido sus cargos durante los cuatro años anteriores, según las condiciones difundidas.
La venta fue autorizada por la Legislatura provincial en 2024, cuando la iniciativa obtuvo 24 votos a favor y 17 en contra. Desde entonces, el destino del inmueble forma parte de una discusión política que volvió a cobrar fuerza con el nuevo llamado a subasta.
Uno de los principales cuestionamientos a la operación proviene de Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza y presidente de su bloque, quien sostiene que la propiedad tiene un valor arquitectónico y patrimonial que justifica conservarla en manos de la provincia.
Abdala también planteó la posibilidad de darle al edificio un uso más amplio que el administrativo. Entre las alternativas que mencionó figura la posibilidad de alojar a sanluiseños que deban viajar a Buenos Aires por cuestiones de salud.
El senador anunció que, si llega a la gobernación en las elecciones provinciales de 2027 y el inmueble ya fue vendido, intentará recomprarlo por el mismo importe por el que lo haya vendido el Gobierno provincial. Se trata de un compromiso político y no de una operación acordada ni de una garantía de recuperación de la propiedad.
Por su parte, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, cuyos legisladores alineados votaron en contra de la autorización de venta en 2024, también anunció su intención de competir por la gobernación en 2027.
