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La concentración está prevista para hoy a las 17.30. En la capital correntina será en el museo de ciencias naturales, y en la capital chaqueña en el Campus UNNE. Las columnas llegarán a las plazas centrales donde se leerá un documento.
La concentración está prevista para hoy a las 17.30. En la capital correntina será en el museo de ciencias naturales, y en la capital chaqueña en el Campus UNNE. Las columnas llegarán a las plazas centrales donde se leerá un documento.
La comunidad universitaria volverá a movilizarse esta tarde en todo el país, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que permita mantener abiertas las aulas, sostener becas, aumentar salarios y resguardar la ciencia argentina. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y comunidad en general se sumarán a la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y a la que se suma la Universidad Nacional del Nordeste en esta parte del país.
A más de dos años del incumplimiento de la Ley 27.795, a pesar de la ratificación del Congreso de la Nación y el aval judicial incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el reclamo vuelve a las calles con el acompañamiento de la sociedad.
Las columnas partirán a las 18 y se dirigirán hacia las plazas principales de las dos ciudades, ambas llamadas 25 de Mayo. Allí, como en las anteriores movilizaciones, se leerá un documento unificado a nivel nacional.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas comenzó cuando el presidente Javier Milei decidió prorrogar el presupuesto general de 2023 para el año 2024, licuando los fondos universitarios frente a una inflación interanual que superaba el 200%.
Desde entonces, el principal eje de reclamo de la comunidad universitaria argentina es la falta de un financiamiento acorde a las necesidades. La Ley 27.757, sancionada en 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, fue vetada mediante el Decreto presidencial 879/2024. La Cámara de Diputados intentó insistir, pero no alcanzó los dos tercios y el veto quedó firme.
El 23 de abril de 2024 tuvo lugar la primera gran Marcha Federal Universitaria. Miles de personas se movilizaron en todo el país y no solo fueron estudiantes y trabajadores universitarios. El 2 de octubre de 2024 se realizó la segunda gran Marcha Federal y las plazas otra vez se llenaron.
En agosto de 2025 el Congreso volvió a aprobar la ley, esta vez fue la Ley 27.795 llamada formalmente "Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente". En ese contexto, el 17 de septiembre de 2025, mientras la Cámara de Diputados debatía la ley, se realizó la tercera gran Marcha Federal Universitaria. El Poder Ejecutivo volvió a vetar la norma mediante el Decreto 647/2025, pero Diputados rechazó el veto y el Senado hizo lo mismo y la ley quedó ratificada por el Congreso. Luego vino otra instancia señalada por su gravedad institucional y por no registrarse antecedente histórico similar. Con el Decreto 759/2025, el presidente Milei promulgó la ley, pero al mismo tiempo condicionó su aplicación efectiva, al incluir la frase «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629». Esa norma establece que toda ley que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento y que, si no lo hace, su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas en el presupuesto. Es decir que la ley universitaria no podía aplicarse hasta que el Congreso definiera las fuentes de los fondos.
Ante dicho artilugio presidencial que buscaba limitar -por vía administrativa-, la aplicación efectiva de la norma ratificada dos veces por el Congreso de la Nación, la discusión llega también al plano judicial: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción de amparo colectivo y logró una medida cautelar favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El 23 de diciembre de 2025, declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir con la Ley 27.795. La decisión fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026. La Justicia sostuvo que no resulta admisible que el Ejecutivo suspenda una ley aprobada por el Congreso e insistida constitucionalmente frente a un veto presidencial.
El último planteo por parte del Estado nacional fue la presentación de un recurso extraordinario y el expediente pasó luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 25 de junio de 2026, que desestimó el recurso y dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero sigue sin cumplirla.
Tapa del Jueves 15 de Octubre de 2026
