
Decenas de miles de colombianos se manifestaron este miércoles en el primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en una demostración de la fortaleza que mantienen en la calle partidos opositores y centrales sindicales.
Decenas de miles de colombianos se manifestaron este miércoles en el primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en una demostración de la fortaleza que mantienen en la calle partidos opositores y centrales sindicales. La primera gran protesta contra el nuevo Ejecutivo, que llegó al poder hace dos meses, reunió en una decena de ciudades del país a distintos colectivos, de centrales sindicales al izquierdista Pacto Histórico, pasando por colectivos LGBTI, comunidades indígenas, docentes y estudiantes universitarios. En la capital, Bogotá, miles de personas, entre ellas el expresidente Gustavo Petro, marcharon hasta la Plaza de Bolívar.
“Nuestros derechos están en riesgo”
Apenas dos meses después de haber asumido el poder, De la Espriella enfrenta distintas críticas: la oposición ve amenazados los derechos humanos por sus políticas de mano dura y teme retroceder en las reformas sociales alcanzadas por Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. El exmandatario amplió el acceso gratuito a la universidad pública, hizo aumentos récord del salario mínimo y dio beneficios para los trabajadores como el pago adicional por horas nocturnas.
“Me siento en peligro, nuestros derechos están en riesgo. Todo lo que hemos luchado durante tanto tiempo hoy está en riesgo”, dijo a la agencia AFP Enzo Vargas, empleado de 44 años, que protestaba en Bogotá con la bandera del arcoíris que representa a la comunidad LGBTQ+. “Lo poco que hemos logrado estamos a punto de perderlo”, agregó en la misma línea Ester Guerra, una profesora de escuela de 32 años en la capital colombiana.
En Bogotá cuatro marchas iniciaron su camino a las 10 horas locales con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar, sin que se registraran incidentes. Sin embargo, el excongresista Gustavo Bolívar denunció la presencia de francotiradores de la policía en la terraza del Congreso. Gustavo Petro se sumó fugazmente a la concentración en Bogotá, pero no se dirigió a los miles de personas que se concentraron en la Plaza de Bolívar. “El pueblo no se rinde, carajo”, escribió en X el exmandatario.
Entre otras preocupaciones, los manifestantes rechazan el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel —rotas durante el mandato de Petro— y los acercamientos con el gobierno de Donald Trump que consideran un riesgo para la soberanía. “Tengo rabia, me siento ofendida, no merecemos esto; él (De la Espriella) solo quiere entregar el país a Estados Unidos, a Israel. Siento que se vienen tiempos oscuros”, dijo Jimena Rodríguez, una estudiante de 20 años. Los manifestantes ondearon banderas palestinas y quemaron una grande de Estados Unidos en Bogotá.
El senador de izquierda Iván Cepeda, que perdió por menos de un punto porcentual las elecciones presidenciales, se unió a las protestas en la capital. “Es el momento oportuno para protestar”, dijo el también senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe.
En esta jornada, las comunidades indígenas también protestaron contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado. “Prácticamente no gobierna para los pueblos indígenas (...) no nos representa”, aseguró José Joy Martenorio, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca, una región controlada por guerrillas y narcotraficantes.
De la Espriella es cuestionado por una supuesta falta de transparencia con el manejo de fondos por parte de su esposa, encargada de las ayudas de privados para la atención de los damnificados del grave terremoto que sacudió el oeste del país el 10 de agosto. Además, la oposición reclama una vulneración al Estado laico, por sus frecuentes alusiones religiosas, la presencia de vírgenes en actos públicos y otras expresiones como la frase “¡Viva Cristo Rey!”, con la que termina cada alocución.
Los manifestantes temen ser blanco de represión, luego de que De la Espriella decretara el martes flexibilizar el uso de la fuerza por parte de las autoridades en caso de daños o bloqueos de vías. En concreto, el decreto 1525 señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es “un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
De la Espriella afirmó el lunes que la protesta pacífica es una “garantía constitucional”, pero que este derecho “no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”. Según el presidente, el decreto le permite “atacar el terrorismo urbano disfrazado de protesta”.
“Lo que quiere el gobierno es intimidar a la gente. En segundo lugar, quiere acabar con el diálogo que habíamos logrado convertir en una manera de hacer que la protesta social fuera totalmente pacífica y sin problemas”, expresó por su parte Iván Cepeda. Al sumarse a la manifestación en Bogotá, el senador destacó que durante el gobierno de Gustavo Petro “no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por la policía”, algo que había sucedido con el ejecutivo de Iván Duque (2018-2022).
En las últimas dos semanas se registraron en Bogotá protestas de sectores culturales (por los recortes presupuestarios), de colectivos feministas —defendiendo el derecho al aborto en Colombia— y una marcha en solidaridad con Palestina el pasado 7 de octubre. A lo largo de los próximos dos meses se está conformando un calendario de movilizaciones para mantener el pulso político al gobierno que podría culminar en una huelga general en noviembre, según dirigentes sindicales y de la oposición.