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El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contempla recursos sin asignación especifica, los cuáles podrían ser utilizados por el gobierno nacional para cumplir la ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contempla recursos sin asignación especifica, los cuáles podrían ser utilizados por el gobierno nacional para cumplir la ley de Financiamiento Universitario.
Un informe técnico de una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, cumplir la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el propio presupuesto deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el gobierno nacional.
Los datos provienen del análisis de Zentrix Consultora sobre la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente).
Cabe subrayar que la Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso de la Nación insistieron con los dos tercios luego del veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos.
Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. El interrogante de fondo sigue abierto: ¿hay recursos para cumplirlo?
¿Cuánto cuesta cumplir la ley?El informe de Zentrix calcula el costo fiscal sobre los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir únicamente con las exigencias actuales de la medida cautelar —enfocadas en la recomposición de salarios y becas— implicaría un desembolso de unos $2 billones en 2027. En tanto, de aplicar la ley en forma integral, incorporando la actualización de los gastos de funcionamiento y el financiamiento para los hospitales universitarios y la ciencia, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.
En cualquier escenario, el monto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, equivalente a entre un 0,14% y un 0,26% del PBI.
¿Dónde se encuentran los fondos?El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un fuerte aumento en las Obligaciones a cargo del Tesoro, que saltan de $5,6 a $14,8 billones. De esa cifra, $7,68 billones figuran como "Otras asistencias financieras" sin destino ya establecido.
Incluso descontando los fondos pautados para subas salariales del Estado ($1,45 billones) y el presupuesto universitario actual ($0,30 billones), restan $5,93 billones de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo. En ese sentido, aplicar la ley universitaria completa representaría, como máximo, el 62% de ese fondo sin asignar.
Lo fundamental del informe en ese marco, es que no perturba el equilibrio fiscal trazado como objetivo por parte del gobierno nacional dado que ese margen no implica gasto nuevo. Los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total del proyecto, de modo que reasignarlos a las universidades no altera el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del PEN para decidir su destino.
Según el estudio, eso implica que tampoco hace falta una ley nueva. La Ley de Administración Financiera (24.156) habilita al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a reestructurar créditos dentro del monto total aprobado, y el propio proyecto 2027 otorga al PEN facultades de reasignación durante el ejercicio.
Además, existe una salida de orden legal. El artículo 5 de la Ley 24.629, en el que se apoya la suspensión, frena una ley de gasto solo "hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Si el Congreso de la Nación incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 deja de existir.
