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Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial solicita un plan de emergencia y asistencia financiera para garantizar los servicios urbanos, interurbanos y departamentales.
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial solicita un plan de emergencia y asistencia financiera para garantizar los servicios urbanos, interurbanos y departamentales.
El pedido de subsidios para el transporte público de pasajeros del interior de Corrientes llegó a la Legislatura con un planteo central: que el Gobierno provincial implemente un plan de emergencia similar al aplicado en la Capital. La propuesta busca garantizar la continuidad de los servicios urbanos, interurbanos y departamentales, sin trasladar el incremento de los costos operativos al precio del boleto.
La iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados bajo el expediente 20468, solicita al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de un Plan de Contingencia y Auxilio Financiero para las empresas que prestan servicios fuera de la ciudad de Corrientes. El reclamo apunta a distribuir la asistencia estatal con equidad territorial.
Como principal antecedente, el proyecto cita el Decreto Provincial Nº 1176, de mayo de este año, mediante el cual el Gobierno correntino creó una partida de 4.800 millones de pesos para subsidiar a las concesionarias del transporte urbano e interurbano de la Capital. Se pide extender esa asistencia al resto de la provincia, según la realidad de cada municipio y la situación de los servicios locales, con alcance provincial.
El plan propuesto contempla dos ejes. El primero consiste en asignar partidas especiales o fondos de emergencia para compensar el desfasaje entre los ingresos de las empresas y los costos de funcionamiento. El segundo apunta a establecer un esquema extraordinario de compensaciones tarifarias que permita mantener los recorridos sin aplicar aumentos desmedidos a los pasajeros.
La preocupación comprende tanto las líneas que circulan dentro de las ciudades como aquellas que conectan municipios y departamentos. Para numerosos habitantes del interior, el colectivo representa el principal medio de acceso al trabajo, las escuelas, los hospitales y otros servicios indispensables. Menos frecuencias o recorridos agravarían las desigualdades territoriales.
También se advierte sobre la presión económica que una eventual crisis del sistema podría ejercer sobre los municipios, muchos de los cuales cuentan con recursos limitados para afrontar subsidios propios. Sin asistencia provincial, las alternativas podrían reducirse a incrementar las tarifas, recortar prestaciones o comprometer fondos destinados a otras necesidades locales.
El objetivo del pedido es que la continuidad del transporte no dependa exclusivamente de la capacidad financiera de cada localidad. Se reclama igualdad de oportunidades de movilidad con la Capital.
En paralelo, ingresó un pedido de informes para conocer cómo se distribuyeron los 4.800 millones de pesos asignados al transporte capitalino, qué criterios se aplicaron y cuáles fueron las empresas beneficiarias. La respuesta oficial todavía está pendiente y permitiría evaluar los mecanismos de distribución de esos recursos.
El debate se concentra, así, en la posibilidad de extender al interior una política de asistencia que ya tiene antecedentes en la Capital, para evitar que el sostenimiento de un servicio esencial recaiga únicamente sobre los usuarios y los gobiernos municipales.
En la Cámara de Diputados de la provincia ingresó un pedido de informes para conocer cómo se distribuyeron los $4.800 millones asignados al transporte capitalino, qué criterios se aplicaron y cuáles fueron las empresas beneficiarias.
