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El abuelo de Lucio desvinculó a su ONG de los falsos brigadistas y apuntó contra el exabogado de la familia.
El abuelo de Lucio desvinculó a su ONG de los falsos brigadistas y apuntó contra el exabogado de la familia.
En el marco de una nueva y agitada jornada de audiencias del juicio oral y público que se sustancia en los tribunales federales por la sustracción y el ocultamiento del pequeño Loan Danilo Peña, este jueves prestó declaración testimonial Ramón Dupuy, abuelo de Lucio —el niño de cinco años asesinado brutalmente en La Pampa por su madre y la pareja—, quien brindó su testimonio mediante el sistema de videoconferencia vía Zoom desde una sede judicial de su provincia natal ante los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. Durante su exposición, que se extendió por espacio de aproximadamente dos horas ante el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, el referente social se refirió detalladamente a la causa paralela que investiga la actuación de un grupo de personas que operaron en el norte del país autoproclamándose brigadistas o integrantes de su organización, revelando además en exclusiva su dolorosa decisión de evaluar el cierre definitivo de la Fundación Dupuy debido al hostigamiento mediático.
Al ser interrogado sobre los vínculos con los imputados procesados en esta causa colateral por entorpecimiento y desvío de la investigación, Dupuy fue categórico al manifestar bajo juramento que no conoce en absoluto a Laudelina Peña, Leonardo Rubio, Pablo Noguera, Pablo Núñez ni a Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, aunque reconoció haber mantenido contacto institucional y político con los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los letrados actualmente detenidos y procesados en el expediente que se tramita en el partido bonaerense de General Rodríguez. En este mismo sentido, el abuelo de Lucio negó de manera tajante e insalvable que las personas procesadas en este desprendimiento judicial formen parte real de la asociación civil creada tras el trágico crimen de su nieto —ocurrido el 26 de noviembre de 2021 y por el cual resultaron condenadas a prisión perpetua Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez—, sentenciando con firmeza ante los jueces que "la Fundación no tiene nada que ver" con el extravío ni con las maniobras operadas en torno al niño correntino.
El momento más saliente y conmovedor de su declaración se produjo cuando el testigo hizo pública su profunda indignación ante los micrófonos de la Agencia Noticias Argentinas, exteriorizando que atraviesa un momento límite a raíz de la persecución y el descrédito público impulsado contra su honorabilidad. En este contexto, Ramón Dupuy reveló que evalúa seriamente el cierre definitivo de la Fundación Dupuy debido a la sostenida "difamación pública" que sufrió por parte de Juan Pablo Gallego, exabogado querellante de la familia de Loan Peña, quien habría lanzado cuestionamientos infundados sobre el rol de la institución en el norte argentino. La exposición del referente social aportó claridad sobre el accionar de los autodenominados brigadistas que llegaron a la provincia de Corrientes por su propia cuenta y sin contar jamás con el aval, la representación ni el respaldo formal de la ONG humanitaria.
Mientras se desarrollaba la testimonial de Dupuy, el clima en el interior de la sala de audiencias volvió a tensarse al compás de los coletazos institucionales generados por la reciente detención de Agustín Ybarra, el chofer del diputado provincial Diego Pellegrini, quien en la víspera fue arrestado y puesto a disposición de la fiscalía de turno por el presunto delito de falso testimonio tras protagonizar un cúmulo de contradicciones insostenibles sobre el polémico traslado de Laudelina Peña a la capital provincial. La caída judicial del conductor, que intentó sostener la inverosímil versión de que nadie habló durante las cinco horas que duró el viaje en el que se armó la falsa hipótesis del accidente vial, reavivó el debate sobre las redes de encubrimiento político y legal que rodearon a los principales sospechosos en el inicio de la instrucción.
La declaración por videoconferencia de Ramón Dupuy no solo permitió desvincular institucionalmente a su organización de los falsos brigadistas que intentaron lucrar con la tragedia de Loan en la localidad de 9 de Julio, sino que también puso de relieve el desgaste emocional que enfrentan las figuras públicas que intentan colaborar con la justicia en medio de un proceso plagado de operaciones y cruces políticos. La firmeza con la que el abuelo de Lucio repudió el uso indebido del nombre de su fundación que tenía por objetivo salvaguardar a menores.
El testimonio coincidió con un momento procesal bisagra, tal como quedó evidenciado con la reciente detención del chofer Ybarra, el debate oral continúa avanzando bajo una extrema rigurosidad probatoria y un férreo control por parte de los magistrados federales sobre cada uno de los actores que desfilan por el estrado.
Mientras el tribunal intenta encauzar el debate bajo estrictas normas y respeto procesal, los cortocircuitos entre las partes evidencian la enorme presión ambiental y emocional que rodea a un expediente marcado por sospechas de encubrimiento, detenciones sorpresivas de testigos y un permanente clima de beligerancia jurídica que promete extenderse a lo largo de las próximas semanas.
