
Entre enero y septiembre, más de 145 mil trabajadores tramitaron la prestación. La industria, el comercio y la construcción fueron los sectores más golpeados.
Entre enero y septiembre, más de 145 mil trabajadores tramitaron la prestación. La industria, el comercio y la construcción fueron los sectores más golpeados.
Durante los primeros nueve meses de 2026, un total de 145.004 trabajadores registrados que fueron despedidos comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo en toda la Argentina. Este incremento cercano al 30% interanual fue impulsado de manera directa por la alarmante pérdida de puestos laborales en la industria, el comercio y la construcción, con el agravante de que la ayuda económica estatal quedó muy por debajo de la inflación, complicando el costo de vida de las familias afectadas.
Según los datos oficiales, la cifra actual marca un fuerte incremento del 29,4% en comparación con las 112.056 altas que se habían contabilizado en el mismo período del año 2025. El impacto de las cesantías se concentró principalmente en tres grandes sectores productivos: la industria lideró la lista de afectados con 35.922 casos, seguida por el comercio con 32.928 y la construcción con 21.663.
Durante el mes de septiembre, contabilizando las altas y las bajas por reincorporación, unas 127.613 personas percibieron este beneficio. El cobro promedio alcanzó los $325.368, lo que representa una suba del 18,7% frente al año pasado. Sin embargo, este monto económico quedó significativamente relegado y perdió poder adquisitivo al enfrentarse a una inflación interanual del 33,4%.
Al analizar el perfil de los beneficiarios, las estadísticas detallan que 86.288 son varones y 41.325 son mujeres. A nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 54.936 receptores, seguida por Santa Fe (9.698), Córdoba (9.658) y la Ciudad de Buenos Aires (9.029). Además, en el acumulado de los últimos dos años y nueve meses correspondientes a la gestión de Javier Milei, la suma total de altas alcanzó las 473.186 prestaciones, marcando un salto histórico respecto a las cifras registradas en 2022 y 2023.
Para poder acceder a este seguro, amparado por la Ley de Contrato de Trabajo, se exige haber sido despedido sin justa causa y contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos tres años. El beneficio se otorga por un período de hasta 12 meses (con una extensión para mayores de 45 años) mediante un esquema descendente: se percibe el 100% de la ayuda los primeros meses y luego baja progresivamente al 80% y 70%.
Durante este lapso, los desocupados conservan la cobertura de su obra social, las asignaciones familiares y el cómputo de años para la jubilación. Actualmente, la normativa indica que el pago debe representar el 75% del mejor sueldo previo, pero estableciendo un límite máximo equivalente al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).