
Perfil accedió a una nueva denuncia contra el ginecólogo detenido en Chaco. La mujer relató episodios de contenido sexual en el consultorio y pidió investigar la intervención quirúrgica y la atención que recibió tras sufrir complicaciones.
Perfil accedió a una nueva denuncia contra el ginecólogo detenido en Chaco. La mujer relató episodios de contenido sexual en el consultorio y pidió investigar la intervención quirúrgica y la atención que recibió tras sufrir complicaciones.
Una paciente presentó una nueva denuncia penal contra Gustavo Kumiega, el ginecólogo detenido el viernes 16 de octubre en Chaco en el marco de denuncias anteriores. En el escrito, al que accedió Perfil, la mujer describió presuntas conductas contra su integridad sexual durante las consultas y solicitó que se investigue una posible mala praxis vinculada con una cirugía y su evolución posterior.
La presentación fue dirigida a la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano (UDAVIC) y cuenta con el patrocinio del abogado Pablo Vianello. La denunciante pidió preservar su identidad y explicó que había mantenido durante años una relación de atención médica con el profesional.
Según manifestó, la confianza que depositaba en Kumiega y el miedo que comenzó a sentir frente a sus comportamientos dificultaron que denunciara antes. “El tiempo transcurrido no implica que haya consentido o aceptado los hechos relatados”, expresó en el documento.
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Las acusaciones sobre lo que ocurría durante las consultas
La mujer aseguró que el ginecólogo le mostraba fotografías y videos de contenido sexual en su teléfono, mientras hacía comentarios sobre esos encuentros. También denunció que, en una ocasión, el médico le exhibió sus genitales dentro del consultorio, sin ninguna razón vinculada con su atención.
Otro de los puntos de la presentación se refiere a la reiteración de estudios ginecológicos cuya justificación médica pidió esclarecer. Según su relato, durante esos procedimientos Kumiega realizaba comentarios sexuales sobre su cuerpo mientras ella se encontraba físicamente expuesta. La paciente describió que esas situaciones le provocaban “incomodidad, vergüenza y temor”.
Además, afirmó que el profesional le mostró un arma de fuego que llevaba en un bolso, un episodio que, de acuerdo con la denuncia, profundizó su miedo.
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La operación y el deterioro de su salud
La denuncia también solicita investigar una cirugía relacionada con su salud reproductiva. La paciente sostuvo que Kumiega le había anticipado resultados en un plazo muy breve, pero que no le brindó información suficiente sobre los riesgos de la intervención ni sobre sus posibilidades reales de éxito.
En ese contexto, aseguró que no recibió su historia clínica, el consentimiento informado ni el protocolo quirúrgico, documentación que ahora reclama como parte de las medidas de prueba.
De acuerdo con su reconstrucción, alrededor de una semana después de la operación comenzó a tener dolores intensos, fiebre y signos de infección. La mujer afirmó que el ginecólogo minimizó esos síntomas y que, ante el agravamiento del cuadro, finalmente debió ser internada.
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Durante esa internación, según denunció, Kumiega abrió la herida con instrumental cortante dentro de la habitación. Luego continuó con tratamiento y curaciones. La presentación pide determinar si las complicaciones que sufrió estuvieron relacionadas con una actuación médica negligente.
La paciente también mencionó una consulta posterior en la que recibió un diagnóstico del profesional que, según sostuvo, no fue corroborado por los estudios ni por las evaluaciones de otros médicos.
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Con el patrocinio de Vianello, la denunciante solicitó el secuestro de la documentación médica, incluidos los registros de la cirugía y de los estudios efectuados durante las consultas. También requirió una pericia médica independiente para evaluar tanto la intervención como la atención posterior y establecer si existieron irregularidades.
El escrito incluye pedidos para preservar evidencia digital y proteger la identidad, la intimidad y la integridad personal de la mujer. Se trata de medidas solicitadas por la denunciante: la documentación no contiene una resolución que permita afirmar que ya fueron ordenadas.
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