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La jueza federal formalizó en el expediente de primera instancia la decisión de la Cámara de Apelaciones que favoreció al Estado argentino. Los fondos demandantes todavía pueden intentar revertir el resultado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La jueza federal formalizó en el expediente de primera instancia la decisión de la Cámara de Apelaciones que favoreció al Estado argentino. Los fondos demandantes todavía pueden intentar revertir el resultado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Argentina dio un nuevo paso para cerrar uno de los litigios más costosos de su historia judicial en el exterior. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska oficializó la anulación de la condena que obligaba al país a pagar alrededor de US$16.000 millones por la expropiación de YPF, al incorporar al expediente las consecuencias del fallo favorable que había dictado la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en marzo de 2026.
La resolución, fechada el 19 de octubre, dejó sin efecto la parte de la sentencia de primera instancia que había reconocido el reclamo por incumplimiento contractual contra el Estado argentino. De esta manera, el expediente quedó en una instancia decisiva, aunque todavía resta determinar si la Corte Suprema estadounidense aceptará intervenir ante el recurso presentado por los demandantes.
La medida de Preska formaliza en el tribunal de primera instancia el cambio de escenario que se produjo después de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo, su fallo de septiembre de 2023. Aquella sentencia había establecido una indemnización multimillonaria a favor de los fondos que reclamaban compensaciones por la estatización de la petrolera.
En el documento judicial, la magistrada ordenó anular la parte de su sentencia definitiva que había concedido a los demandantes una indemnización por incumplimiento contractual contra la República Argentina y dispuso que ese reclamo fuera desestimado. La decisión se ajusta a lo establecido por el tribunal de alzada, que había cuestionado los fundamentos jurídicos utilizados para condenar al país.
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Cómo se originó el juicio por la expropiación de YPF
El conflicto judicial se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la empresa española Repsol. La operación implicó la recuperación del control estatal de la petrolera y abrió una disputa con accionistas minoritarios que consideraron vulnerados sus derechos.
Los fondos Petersen Energía y Eton Park sostuvieron que la Argentina había incumplido las disposiciones del estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición por las acciones de los restantes accionistas, después del cambio de control de la compañía. En 2015, iniciaron una demanda ante los tribunales de Nueva York.
El caso se tramitó en Estados Unidos debido a que las acciones de YPF cotizan en la Bolsa de Nueva York y los demandantes impulsaron allí su reclamo. Con el paso de los años, el fondo de inversión Burford Capital adquirió los derechos para financiar y participar en el litigio, con la expectativa de obtener una parte de la eventual indemnización. En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$16.100 millones. La suma incluía cerca de US$8.400 millones por daños y perjuicios y unos US$7.600 millones en intereses, según los cálculos contemplados en aquella sentencia.
El fallo de la Cámara de Apelaciones que cambió el escenario
El giro central llegó el 27 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena contra la Argentina. El tribunal consideró que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al analizar las obligaciones derivadas del estatuto de YPF.
Entre los argumentos centrales, los jueces sostuvieron que las disposiciones del estatuto de una sociedad no podían interpretarse como un contrato que habilitara automáticamente el reclamo indemnizatorio contra el Estado argentino. También señalaron que la legislación argentina sobre expropiaciones prevalecía sobre las disposiciones societarias invocadas por los demandantes.
La decisión de segunda instancia mantuvo el rechazo de los reclamos contra YPF y confirmó que la petrolera no debía responder por la indemnización reclamada. De esa forma, el fallo modificó sustancialmente el resultado que había establecido Preska en 2023. La resolución de la Cámara fue adoptada por mayoría, con dos votos favorables a la posición argentina y uno en disidencia. Posteriormente, los demandantes intentaron que el propio tribunal revisara su decisión, pero ese pedido no prosperó.
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La Corte Suprema de Estados Unidos, la última instancia
Pese al resultado favorable para el país, los fondos demandantes no dieron por terminada la disputa. A comienzos de octubre, Petersen y Eton Park, con el respaldo de Burford Capital, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones.
La presentación no implica que el máximo tribunal vaya a aceptar el caso. La Corte Suprema tiene la facultad de seleccionar qué controversias revisa y recibe miles de solicitudes en cada período de sesiones, de las cuales admite solo una pequeña proporción.
Por eso, la posibilidad de que los demandantes consigan revertir el fallo favorable a la Argentina todavía depende de una decisión que no está garantizada. Si la Corte Suprema rechaza intervenir, el resultado de la Cámara de Apelaciones quedaría firme y se reducirían considerablemente las posibilidades de recuperar la condena original dentro de la Justicia estadounidense.
Burford Capital también impulsó un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial. Ese procedimiento constituye una vía separada del juicio que se desarrolló en Nueva York y agrega otro frente al conflicto derivado de la nacionalización de YPF.
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