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La fiscal Mariana Echarri reveló un presunto esquema de engaños para someter a pacientes a cirugías y confirmó que nueve causas quedarán bajo su responsabilidad. La denuncia restante, por abuso sexual, continúa a cargo de Jorge Cáceres Olivera, quien evalúa una futura imputación.
La fiscal Mariana Echarri reveló un presunto esquema de engaños para someter a pacientes a cirugías y confirmó que nueve causas quedarán bajo su responsabilidad. La denuncia restante, por abuso sexual, continúa a cargo de Jorge Cáceres Olivera, quien evalúa una futura imputación.
La investigación judicial contra el ginecólogo Gustavo Kumiega, en la provincia de Chaco sumó este martes novedades sobre su situación procesal y las acusaciones en su contra. La fiscal Mariana Echarri confirmó que el médico está imputado por estafa y lesiones graves, en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva, y precisó que son diez las denuncias presentadas contra el profesional, todas realizadas por mujeres mayores de edad.
Durante una conferencia de prensa, la titular del Equipo Fiscal Nº 6 de Resistencia describió un presunto mecanismo de engaño mediante el cual Kumiega habría convencido a pacientes de someterse a cirugías riesgosas, haciéndoles creer que padecían enfermedades graves.
"En este momento se está tomando la declaración de imputado en la causa donde se le imputa el delito de estafa y lesiones graves en contexto de violencia obstétrica y reproductiva en el marco de la ley 26.485", informó Echarri.
Respecto de las acusaciones, detalló: "Hay seis denuncias de abuso sexual en un contexto de consultas ginecológicas. Además hay otra causa de abuso sexual en relación de pareja y luego hay otras tres denuncias, causas de mala praxis".
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la sospecha de que el ginecólogo habría inducido a pacientes a aceptar operaciones mediante diagnósticos que presentaban su estado de salud como una situación de gravedad.
"Hay un esquema de engaño y manipulación que tenía este médico en relación a sus pacientes donde les hacía creer que tenían una patología que merecía una cirugía riesgosa porque estaba en grave riesgo su salud, por lo cual las intervenía quirúrgicamente y luego se demostraba que efectivamente no removía el órgano que él decía hacerlo: el útero", explicó Echarri.
La fiscal vinculó esa presunta modalidad con las tres denuncias por mala praxis que tramitan en su dependencia. Además, señaló que el profesional intervenía personalmente en todas las etapas de la atención médica que ahora son objeto de investigación.
"Tanto la evaluación previa que él hacía, la ecografía y los informes que pasaban por la obra social como así también la intervención quirúrgica efectiva la hacía solamente él", afirmó.
Las actuaciones buscan determinar qué procedimientos se realizaron efectivamente, qué información recibieron las pacientes y si existieron responsabilidades penales. La imputación se encuadra, según explicó la fiscal, en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva contemplado en la Ley 26.485.
Otra novedad de la conferencia fue la decisión de la Procuración General de reorganizar las investigaciones vinculadas con Kumiega, sin modificar la cantidad total de denuncias existentes. "Procuración General hoy ha ordenado que estas causas de abuso sexual paciente-médico más las causas de mala praxis van a quedar a mi cargo", confirmó Echarri.
De esta manera, el Equipo Fiscal Nº 6 concentrará nueve de las diez denuncias: seis por presuntos abusos sexuales cometidos durante consultas ginecológicas y tres por supuesta mala praxis. Las primeras habían tramitado inicialmente ante el Equipo Fiscal Nº 2, a cargo de Ana González de Pacce.
La denuncia restante continuará bajo la órbita del Equipo Fiscal N.º 4, conducido por Jorge Cáceres Olivera, debido a que corresponde a un presunto abuso sexual ocurrido fuera del ámbito de atención médica.
Los allanamientos y sus resultados
Echarri también reconstruyó las medidas judiciales que derivaron en los allanamientos del viernes 16 de octubre y la detención del ginecólogo. Según explicó, la primera denuncia por mala praxis ingresó el miércoles 14 al mediodía y motivó una serie de diligencias para preservar documentación relevante.
El jueves 15, personal del Departamento de Trata de Personas realizó tareas de inteligencia para identificar los domicilios que debían allanarse. Esa misma noche, a las 23:30, el juez de Garantías Nº 1, Javier Roy, firmó las órdenes correspondientes y los procedimientos comenzaron el viernes a las 7.
"Recién la semana pasada ingresa por primera vez una causa de mala praxis. En menos de 48 horas este Ministerio Público Fiscal estaba realizando este allanamiento porque es distinto lo que se denunciaba en los abusos sexuales que en la mala praxis", explicó Echarri.
La fiscal sostuvo que la urgencia estuvo relacionada con la necesidad de preservar elementos que permitieran establecer qué procedimientos médicos se habían realizado. "En la mala praxis teníamos que recabar documentación, historias clínicas, protocolos quirúrgicos que podían estar tanto en soporte papel como digital y debíamos preservar esa evidencia", precisó.
Los operativos se desarrollaron en distintos inmuebles vinculados con el profesional, entre ellos su domicilio particular y establecimientos donde ejercía su actividad. "El allanamiento y los secuestros fueron altamente positivos y se recuperó todo lo que solicitábamos", destacó Echarri.
