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“La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás que se han probado”
“La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás que se han probado”
Hay años en los que las elecciones cambian gobiernos. Y hay otros en los que pueden cambiar el mundo.
El ciclo electoral que atraviesa lo que resta de 2026 y se prolongará durante 2027 tiene características de este último tipo. No porque todos los comicios respondan a una misma lógica, sino porque, detrás de las disputas nacionales, se desarrolla una confrontación global sobre el poder, la democracia y el orden internacional.
En noviembre, las elecciones de medio término en Estados Unidos pondrán a prueba la capacidad de Donald Trump para conservar el control del Congreso.
En Brasil, la disputa presidencial y legislativa definirá el rumbo de la principal potencia latinoamericana. En la Argentina, las presidenciales de 2027 decidirán la continuidad del experimento libertario o la posibilidad de una alternativa.
México, El Salvador y otros países de la región también afrontarán decisiones electorales relevantes para sus equilibrios políticos e institucionales.
“Cuando el malestar social se convierte en un cheque en blanco para un líder, la democracia puede empezar a vaciarse sin necesidad de abolir las elecciones”
Europa ofrecerá escenarios igualmente significativos. Francia elegirá presidente en abril y mayo de 2027, en una contienda en la que la ultraderecha de Marine Le Pen y su espacio político aspira a conquistar el poder.
España podría adelantar sus elecciones generales a noviembre de 2026, mientras Polonia, Italia, Eslovaquia y otros países tendrán citas electorales en 2027.
Cada proceso tendrá sus particularidades, pero todos se desarrollarán bajo la influencia de una pregunta común: ¿hasta dónde puede avanzar la derecha radical y qué capacidad tendrán las fuerzas democráticas para ofrecer una alternativa convincente?
La expresión “ultraderecha” no describe realidades idénticas. Hay diferencias entre los movimientos nacionalistas europeos, el trumpismo estadounidense y las experiencias latinoamericanas.
Sin embargo, en sus versiones más radicalizadas aparecen coincidencias: la exaltación del liderazgo personal, la desconfianza hacia el pluralismo, la hostilidad contra determinados grupos sociales y la tendencia a presentar los controles institucionales como obstáculos ilegítimos a la voluntad popular.
El problema no es que un gobierno conservador defienda el mercado, restrinja la inmigración o proponga reducir el gasto público. Esas posiciones pueden integrar legítimamente la competencia democrática. El problema comienza cuando el adversario se convierte en enemigo, la prensa crítica es tratada como una amenaza y los jueces, el Parlamento o los organismos de control son considerados prescindibles cuando contradicen al gobernante.
Tampoco sería razonable suponer que toda opción que se presenta como democrática merece automáticamente ese calificativo. Las fuerzas tradicionales tienen responsabilidades en el descrédito de la política, las desigualdades y el deterioro de las condiciones de vida. Si no ofrecen respuestas concretas a esas demandas, difícilmente puedan detener el avance de quienes prometen soluciones simples a problemas complejos.
“La frontera decisiva no pasa solamente por la izquierda o la derecha, sino por la relación de cada poder con las instituciones, las libertades y los límites que impone la República”
Pero hay una diferencia esencial entre cuestionar el funcionamiento de las instituciones y destruir los límites que impiden la concentración del poder. La democracia no consiste solamente en contar votos: también exige libertades, alternancia, independencia judicial y respeto por las minorías.
La disputa electoral tiene, además, una dimensión geopolítica. Una Europa fragmentada por nacionalismos difícilmente podrá actuar con autonomía frente a Estados Unidos, China o Rusia. Una América Latina dividida entre alineamientos personales tendrá menos capacidad para negociar sus intereses económicos y estratégicos. Y un sistema internacional debilitado por la desconfianza y la competencia permanente dejará más espacio para que las potencias impongan sus condiciones.
En ese contexto, resulta revelador el acuerdo anunciado por Trump para comprar diésel ruso a Vladimir Putin, mientras continúa la guerra contra Ucrania. La operación, presentada como una respuesta a las dificultades del mercado energético, genera cuestionamientos porque puede aliviar las restricciones económicas sobre Moscú y aportar recursos a un país que sostiene su ofensiva militar.
Su impacto efectivo sobre los precios, en cambio, es incierto. Thomas L. Friedman, columnista de The New York Times, cuestionó el acuerdo por considerar que se sacrifica el respaldo a la democracia ucraniana a cambio de combustible. La contradicción es evidente: mientras se proclama la defensa de la libertad frente a una potencia autoritaria, se negocia con su gobernante una operación que puede debilitar la presión internacional sobre él.
“El mundo que viene puede ser menos cooperativo, más desigual y más peligroso si las grandes potencias sustituyen las reglas compartidas por la ley del más fuerte”
Trump y Putin pueden representar proyectos políticos diferentes, pero en este episodio exhiben dos caras de una misma moneda: la subordinación de los principios a la conveniencia del poder. No significa que sus responsabilidades sean equivalentes ni que sus objetivos sean idénticos. Significa que el pragmatismo económico, cuando ignora deliberadamente sus consecuencias políticas, puede terminar fortaleciendo aquello que dice combatir.
La democracia se convierte entonces en una variable negociable. Las urnas de 2026 y 2027 no resolverán por sí solas estas contradicciones. Pero permitirán medir hasta dónde llega el respaldo social a los liderazgos que prometen orden y prosperidad a cambio de concentrar poder, y si las alternativas democráticas consiguen recuperar credibilidad sin limitarse a defender el statu quo.
La Argentina no será ajena a esa disputa. Su elección de 2027 tendrá consecuencias internas, pero también definirá su inserción internacional, sus vínculos regionales y el margen de autonomía con el que podrá afrontar un mundo más competitivo.
En definitiva, lo que se juega no es una batalla entre buenos y malos ni una elección universal entre izquierda y derecha. Es algo más profundo: si el descontento social servirá para renovar las democracias o será utilizado para debilitarlas desde adentro.
Porque la prueba definitiva de un sistema democrático no consiste en permitir que el ganador haga lo que quiera. Consiste en garantizar que gobierne dentro de las reglas y que quien pierda conserve intacto el derecho a volver a competir. Allí reside la diferencia entre conquistar el poder y convertirlo en propiedad personal.
