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La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación abrió ayer una discusión de fondo sobre el esquema tributario y la distribución de recursos en el país.
La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación abrió ayer una discusión de fondo sobre el esquema tributario y la distribución de recursos en el país. El encuentro, organizado bajo la consigna de repensar el diseño federal frente a la realidad cotidiana de los distritos del interior, reunió a economistas, técnicos de centros de estudios y representantes parlamentarios en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Al abrir las deliberaciones, el presidente de la comisión, el senador correntino de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi remarcó que el Congreso arrastra «una deuda pendiente», cuyo tratamiento lleva 30 años de retraso.
El legislador radical advirtió que la discusión no puede quedar reducida a un cálculo contable, sino que debe orientarse hacia «la autonomía real, la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de las provincias».
“La Argentina arrastra asimetrías que han condicionado el desarrollo de sus distintas regiones. Esas desigualdades siguen presentes y se manifiestan claramente en el modo en el que los tributos nacionales derraman hacia las provincias, perjudicando un desarrollo armónico”, remarcó Vischi.
En esa misma línea, la senadora salteña, Flavia Royón (que también comanda la comisión) alertó que las gobernaciones asumieron un papel de amortiguador frente al repliegue de funciones del Estado nacional, por lo que consideró que la revisión del esquema distributivo tiene hoy una urgencia impostergable.
La discusión legislativa coincide con una pulseada constante que los mandatarios provinciales sostienen con el Ejecutivo nacional en busca de previsibilidad financiera.
En el caso de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza permanentes gestiones ante la Nación para asegurar el flujo de recursos que garanticen el funcionamiento y el desarrollo del distrito, en un escenario donde los fondos coparticipables y los sucesivos pactos fiscales marcan el pulso de la administración local.
Dentro del mismo debate, la vicepresidenta del cuerpo, la senadora, Flavia Royón remarcó la urgencia de atender las obligaciones crecientes que afrontan los distritos del interior.
A su turno, el senador Francisco Paoltroni sumó tensiones al debate al cuestionar las asimetrías históricas en el reparto y el impacto de los fondos en determinadas jurisdicciones, marcando las diferencias estructurales que complican un consenso generalizado entre las provincias.
LA MONEDA DE CAMBIO EN EL CONGRESO
El relanzamiento de la Comisión de Coparticipación no ocurre en un vacío político. Por el contrario, se inserta en un tablero donde el oficialismo nacional y los gobernadores juegan una partida diaria de ajedrez legislativo.
La administración central necesita con urgencia apoyos clave en ambas cámaras para aprobar los proyectos más pesados de su programa de gobierno.
En este delicado equilibrio, los mandatarios provinciales utilizan su peso político y la negociación permanente con la Nación como una herramienta de diálogo constante para asegurar fondos, obras y respaldo financiero en sus respectivos territorios.
ASIMETRÍAS TERRITORIALES Y PISOS LEGALES INCUMPLIDOS
El primer diagnóstico técnico estuvo a cargo de Guido Zack, director de Economía del centro de investigaciones Fundar, quien presentó un pormenorizado informe sobre las disparidades regionales del país. El especialista sostuvo que la Argentina exhibe uno de los niveles de desigualdad geográfica más agudos del planeta, solo superado por Rusia y Eslovaquia.
Zack recordó que el régimen actual se apoya en una ley transitoria sancionada en 1988 cuyo plazo legal para ser renovada venció a mediados de los años noventa. Según puntualizó el economista, aquella norma fijaba que las provincias debían percibir como piso el 34 por ciento de la recaudación tributaria nacional, un compromiso legal que prácticamente nunca se respetó desde finales de esa década. Al reclamar una articulación institucional más sólida, subrayó que discutir este sistema implica definir si una persona nacida en el territorio argentino tendrá las mismas oportunidades de progreso sin importar la provincia de origen, una meta que en la actualidad se encuentra lejos de cumplirse.
LA FALTA DE REGLAS Y EL LABERINTO INSTITUCIONAL
A su turno, el director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina, puso el foco en las trabas estructurales que impiden sancionar un nuevo marco normativo. Desde su perspectiva, el principal impedimento radica en la ausencia de criterios precisos para encarar la renegociación, situación que lleva treinta años de propuestas estériles sin avances concretos.
Para sortear este laberinto político y jurídico, Laspina planteó dos caminos institucionales viables. Por un lado, avanzar con la reglamentación del artículo 75 de la Constitución Nacional para establecer con claridad qué mayorías legislativas se necesitan y qué ocurre con aquellos distritos que eventualmente no presten su adhesión. Por el otro, promover una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal determine pautas operativas ante la inacción del sistema político.
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTO DESCENTRALIZADO
El diputado nacional mendocino, Lisandro Nieri vinculó la postergación de esta ley con las dificultades para encarar un ordenamiento impositivo general. El legislador radical remarcó que el sistema vigente condiciones cualquier intento serio de alivio fiscal y genera un profundo desbalance funcional, caracterizado por una concentración de los recursos en el gobierno federal y una delegación masiva del gasto social hacia las gobernaciones.
Nieri apuntó además a la falta de incentivos para el desarrollo de la recaudación propia en las jurisdicciones subnacionales y graficó la fragilidad de este cuadro al señalar que existen ocho provincias en las que menos del 20 por ciento de sus ingresos totales corresponde a recursos tributarios locales.
El cierre del panel estuvo en manos del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien presentó una propuesta elaborada por su provincia basada en criterios objetivos de calidad de vida. El funcionario norteño expuso la gravedad del atraso fiscal con una cifra contundente al advertir que de cada cien pesos recaudados en el país el Estado nacional retiene setenta, mientras las provincias asumen cada vez más responsabilidades de salud, educación y seguridad con presupuestos asfixiados. Frente a ese cuadro, reclamó un reparto equitativo que atienda las necesidades estructurales del interior para terminar con las postergaciones históricas.
