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El abogado Guillermo Rojas Busellato, defensor de Sergio Nicolás Clinis, habló con Radio Sudamericana sobre la resolución que revocó los procesamientos con prisión preventiva de cinco imputados en la causa por presunto lavado de activos. También cuestionó el impacto económico y reputacional que sufrió la empresa Exen.
Miércoles 21 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 13:40hs. del 21-10-2026
Guillermo Rojas Busellato, abogado defensor de Sergio Nicolás Clinis, CEO de la cadena de gimnasios EXEN, visitó los estudios de Radio Sudamericana para referirse a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que revocó los procesamientos con prisión preventiva de cinco personas investigadas por presunto lavado de activos.
La causa involucra a la cadena de gimnasios EXEN y a la concesionaria Clinis Automotores, investigadas por el presunto origen ilícito de fondos y una posible vinculación con una organización narcocriminal. Sin embargo, el tribunal consideró que no había elementos suficientes para sostener los procesamientos y dictó la falta de mérito.
Los beneficiados por la resolución son Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Jorge César Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim. Además, los jueces confirmaron la falta de mérito que ya había sido dispuesta para Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, y rechazaron el pedido de la Fiscalía para procesarlos.
El origen de la investigación
Durante la entrevista, Rojas Busellato explicó que la investigación se inició a partir de la declaración de un arrepentido en una causa por narcotráfico, quien habría mencionado que la concesionaria Clinis podía haber provisto vehículos a una organización criminal.
El abogado cuestionó esa hipótesis y aseguró que no se encontraron automóviles que vincularan a la agencia con la presunta organización. “No se encuentra un solo auto que tenga relación con esta organización criminal”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que Clinis Automotores se dedicaba a la compra y venta de vehículos en Resistencia y negó que tuviera relación con el grupo investigado por narcotráfico.
Respecto de la cadena de gimnasios, el defensor fue categórico: “Lo que pusimos en nuestro recurso de apelación es que no había ni una sola prueba que vincule al grupo Exen con esta supuesta organización criminal”.
Sobre la situación particular de Sergio Nicolás Clinis, agregó: “Ni siquiera había la sospecha para involucrarlo en la causa. Cayó por ser parte de la familia”.
Cuestionamientos a la investigación
Rojas Busellato también cuestionó el criterio utilizado durante la instrucción de la causa y consideró que se trasladó a los imputados la responsabilidad de demostrar la legalidad de sus actividades económicas.
“Lo que intentó hacer, creo yo, es poner la carga de la prueba en cabeza nuestra. Uno no puede decirle al imputado: usted pruebe que es inocente, usted pruebe cómo creció la empresa”, manifestó.
La resolución de la Cámara Federal modificó la situación procesal de los cinco imputados, aunque la falta de mérito no implica el cierre definitivo de la investigación.
El impacto económico y laboral
Más allá de los aspectos judiciales, el abogado describió las consecuencias que, según afirmó, tuvo el proceso sobre el funcionamiento de la empresa y sus trabajadores.
Rojas Busellato relató que durante los allanamientos se retiraron las máquinas de los gimnasios, se revocaron contratos de alquiler y parte del mobiliario fue entregado a distintas instituciones.
“Destruyeron fuentes laborales, destruyeron la vida de estos jóvenes empresarios. El daño económico que se produjo es irreversible”, afirmó.
También advirtió sobre las dificultades que, a su entender, deberán afrontar los involucrados para recuperar la confianza comercial después de la investigación. “¿Quién le va a dar crédito, quién le va a alquilar un local, quién le va a financiar algo a estas personas?”, planteó.
El defensor aclaró que la falta de mérito no significa que la causa haya terminado, ya que la investigación puede continuar hasta que se resuelva si corresponde dictar el sobreseimiento o avanzar con otras medidas procesales.
En ese marco, anticipó que la Fiscalía podría recurrir la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque expresó sus dudas sobre las posibilidades de que ese planteo prospere.
Por otra parte, la Cámara dispuso mantener, por el momento, las medidas cautelares sobre los bienes, que podrán ser revisadas de acuerdo con la evolución de la investigación.
