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La jornada obligatoria y federal brinda herramientas a directivos y docentes para prevenir, detectar y actuar ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, reforzando a la escuela como primer detector y el principio de corresponsabilidad comunitaria.
La jornada obligatoria y federal brinda herramientas a directivos y docentes para prevenir, detectar y actuar ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, reforzando a la escuela como primer detector y el principio de corresponsabilidad comunitaria.
En el marco de las capacitaciones que impulsa el Gobierno provincial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con el de Educación brindaron una charla sobre la Ley Nacional 27.709 en el Auditorio Julián Zini. Allí, disertantes destacaron el rol clave de los docentes en la detección temprana y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa tiene como eje la implementación de la ley federal que establece la capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. La propuesta tiene como objetivos brindar herramientas para prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de vulneración de derechos, y fortalecer el rol de directivos, docentes, personal no docente y agentes estatales como actores activos de protección, promoviendo espacios de sensibilización y corresponsabilidad comunitaria.
Es importante destacar, que esta capacitación, además de ser presencial en el Auditorio Julián Zini, también fue virtual, ya que docentes de diferentes localidades de la provincia se sumaron a la misma.
El equipo de capacitación estuvo conformado por la Dra. Mariana Mendiburu, abogada y asesora legal del Ministerio de Justicia y DDHH; Natalia Elena Godoy, licenciada en Ciencias Criminalísticas y Criminología; la Dra. Gabriela Sofía Gómez Álvarez, abogada y Antonella Barrios, profesora.
La capacitadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Gabriela Gómez Álvarez, explicó los alcances de la Ley Lucio, que implementa la "capacitación federal obligatoria en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles del Estado". La actividad se lleva adelante a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Educación, con el objetivo de formar a todo el personal docente de la provincia en el marco del Plan Federal y la Ley 26.061 de Protección Integral.
Gómez Álvarez destacó que para el Gobierno provincial es "sumamente importante" avanzar con esta política pública, ya que la escuela constituye uno de los primeros organismos cercanos a los niños y son "los primeros detectores" de posibles situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, remarcó el rol de la escuela por la "corresponsabilidad" que impone la Ley 26.061 en materia de detección, protección y actuación, y señaló que esa responsabilidad "alcanza al Estado en todos sus niveles, incluidos los municipios, las comunidades pequeñas, los vecinos, a todos como sociedad", porque "no hay solo un Estado garante sino una comunidad obligada a actuar, detectar y acompañar".
La capacitadora adelantó que la idea es llevar la formación a otros ámbitos del Gobierno provincial y que las reparticiones públicas o privadas interesadas pueden solicitarlo al Ministerio de Justicia. La Ley Lucio forma parte del programa "Construir Ciudadanía", que busca "acercar a la ciudadanía a conocer sus derechos y sus obligaciones". La funcionaria explicó que desde 2022 la Dirección de Protección de la Niñez (DIPNA) pasó a la órbita de Justicia como órgano de aplicación de la Ley 26.061 y calificó a la Ley Lucio como una de "las más relevantes" por afectar a una "población muy sensible" y como una de las leyes que el Ministerio cataloga "como prioridad", en línea con la propuesta del Gobierno de Corrientes de tener "un gobierno más cerca de sus ciudadanos".
Docentes destacaron la importancia de la capacitación
Las participantes de la jornada valoraron la propuesta y señalaron la necesidad de contar con herramientas que permitan reconocer posibles situaciones de vulneración de derechos y saber cómo actuar ante ellas.
