
Setecientos puntos de riesgo país. 700. Parece un número, pero para el Gobierno es bastante más que una cifra en una pantalla: es un recordatorio de que los mercados no aplauden discursos, no votan en las encuestas y, mucho menos, se enamoran de los presidentes.
Milei puede hablar de la Argentina potencia, de la confianza internacional y de las maravillas del ajuste. Puede repetir que estamos saliendo del infierno económico. Pero cuando los bonos argentinos caen y el riesgo país vuelve a subir, aparece ese invitado incómodo que no figura en los actos oficiales: la realidad.
Porque el riesgo país no es un invento de la oposición, ni una conspiración de los zurdos, ni una operación de algún periodista que se levantó con ganas de arruinarle el desayuno al Presidente. Es un indicador de cuánto más le cuesta a la Argentina financiarse frente a Estados Unidos. Cuanto más alto, más caro y más difícil resulta conseguir crédito.
Y acá aparece la pregunta del millón: si el Gobierno asegura que está haciendo todo bien, ¿por qué el mercado sigue mirando a la Argentina con desconfianza?
Porque una cosa es ordenar las cuentas públicas y otra, muy distinta, es construir una economía que pueda crecer, producir, generar empleo y pagar sus deudas sin vivir permanentemente al borde del próximo vencimiento.
El superávit fiscal puede ser importante. Bajar la inflación también. Pero ninguna de esas variables, por sí sola, garantiza que una familia llegue tranquila a fin de mes, que una pyme pueda sostener sus empleados o que un jubilado deje de hacer malabares con sus remedios. Y cuidado: el riesgo país no mide la felicidad de los argentinos. Mide el riesgo que perciben los inversores. Pero cuando ese indicador sube, también se complica una de las grandes promesas oficiales: conseguir financiamiento más barato para la Argentina.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue haciendo sus propias cuentas. No mira los bonos de Wall Street: mira el precio de la carne. No sigue la cotización de los títulos públicos: sigue el saldo de la tarjeta. No necesita un informe de un banco internacional para saber si la economía mejora. Le alcanza con abrir la heladera y revisar la billetera.
Y ahí está el problema político del Gobierno: una economía puede mostrar números positivos en determinados indicadores y, al mismo tiempo, mantener a millones de personas esperando que esa mejoría llegue a sus casas.
Porque el mercado tiene su termómetro y la sociedad tiene el suyo. El primero marca riesgo país. El segundo marca cuánto falta para cobrar, cuánto queda después de pagar las cuentas y cuántas cosas hay que dejar de comprar para llegar al día 30.
Setecientos puntos no significan que la Argentina esté condenada. Tampoco demuestran, por sí solos, que todo el programa económico haya fracasado. Pero sí son una advertencia: la confianza financiera no se decreta desde un atril y la credibilidad no se consigue a fuerza de repetir que todo marcha de maravillas.
Al final, gobernar no consiste solamente en cerrar una planilla de gastos. Consiste en lograr que un país pueda pagar sus compromisos sin asfixiar su actividad económica y que el esfuerzo de la sociedad tenga alguna recompensa concreta.
Porque si el Gobierno necesita convencer todos los días de que el futuro será extraordinario, pero el presente sigue siendo una carrera de obstáculos, hay algo que todavía no termina de cerrar.
Y no, no estamos hablando del déficit fiscal.
Estamos hablando de la distancia entre la Argentina que el Gobierno cuenta y la Argentina que los argentinos cuentan en la caja del supermercado.
Porque los mercados pueden esperar una señal de confianza. Pero la gente, después de tanto ajuste, empieza a necesitar algo bastante más urgente: una señal de alivio.