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Hubo 237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones. El oficialismo descartó el ajuste en el área que dispuso en el Presupuesto 2027 y ratificó gran parte del sistema vigente. En un giro pragmático, los libertarios aceptaron los cambios pedidos por la oposición y el proyecto pasará ahora al Senado
Jueves 22 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 08:42hs. del 22-10-2026
Tras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Pasada la medianoche el tablero de la Cámara de Diputados informó que la aprobación se logró con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos. El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad contribuyendo a que Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.
También votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. La excepción fueron los diputados de Córdoba (de Provincias Unidas y Unión por la Patria) que se manifestaron en contra porque, según su visión, las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, explicó Gabriela Estevez. Por su parte, la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.
A pesar de todo, la mayoría especial de dos tercios que se alcanzó hace virtualmente imposible que el Senado pueda introducir cambios o que Milei recurra al veto presidencial.
El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el lado libertario, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
Por pedido de los aliados, también se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Sin embargo, durante las horas previas a la votación referentes de la oposición pidieron más cambios para sumar su apoyo. Por ejemplo, garantizar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Además, aclararon que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
Los bloques de la oposición mantuvieron diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque para estas se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe prorrogarse) gran parte del sistema vigente.
