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El oficialismo se reunió con legisladores aliados y opositores para lograr dictamen. El plenario de comisiones se realizará el próximo martes.
El oficialismo se reunió con legisladores aliados y opositores para lograr dictamen. El plenario de comisiones se realizará el próximo martes.
Representantes del Gobierno nacional mantuvieron una reunión clave con diputados de distintos espacios políticos para acelerar el tratamiento del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. El encuentro se llevó a cabo debido a la urgencia del oficialismo por conseguir un dictamen favorable durante el plenario de comisiones estipulado para el próximo martes 27 de octubre a las 16 horas, con el claro objetivo de enviar la iniciativa al recinto y lograr su aprobación antes de que el calendario legislativo se sature en noviembre.
De la cumbre participaron el vocero presidencial,Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica,María Ibarzabal Murphy; y diversos diputados nacionales del PRO, del MID y del Partido Justicialista (PJ). La carrera contra el tiempo se debe a que el mes de noviembre dejará poco margen para tratar nuevas leyes, ya que la agenda estará dominada por el debate del Presupuesto nacional, sumado a los feriados por la esperada visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Tras la reunión, el vocero Ravier se expresó a través de sus redes sociales:"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos". Además, remarcó que la iniciativa es una prioridad porque la causa Malvinas "es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro".
El ambicioso proyecto prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren en la explotación de recursos naturales en las islas y su mar circundante sin autorización. Además, creará un registro público de infractores con los que el Estado no podrá contratar, e incorporará la figura legal del juicio en ausencia.
Por otra parte, la ley impulsará la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente y acompañado por sus principales ministros. Este comité podrá tomar medidas urgentes ante amenazas graves, autorizando incluso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso tras agotar todos los protocolos.
El texto prohíbe que extranjeros sin residencia aporten dinero a partidos políticos, incorpora nuevos delitos por revelar secretos a Estados externos, castiga el financiamiento de campañas de desinformación masiva y habilita el congelamiento de bienes vinculados a actos de terrorismo.
