Reforma de la ley de salud mental: un retroceso hacia el modelo manicomial

Frente al nuevo dictamen de proyecto de Ley para reformar la Ley nacional de salud mental nº 26.657 es importante señalar que en lugar de corregir, empeora y desprotege más a las personas padecientes mentales.

El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 .El proyecto ingresó bajo el número de mensaje MEN-2026-108-APN-PTE.) Luego de no obtener apoyo con el proyecto original, el oficialismo intenta avanzar con la modificación de la ley nacional de salud mental través de un nuevo borrador de dictamen.

El dictamen corrige algunos puntos del proyecto original, sin embargo, sostiene serias deficiencias que pueden ocasionar un grave perjuicio para la atención adecuada de las problemáticas de salud mental.

Cabe recordar que la ley vigente garantiza el derecho a un debido proceso legal a los pacientes, y garantiza la internación involuntaria, si fuera necesaria, luego del dictamen que un equipo profesional eleva al juez. La falta de dispositivos de internación, de equipos profesionales adecuados y el desfinanciamiento y cierre de servicios de atención de salud mental, no tienen relación con el texto de la ley vigente y los cambios que se pretenden van afectar seriamente los derechos de los padecientes mentales.

El análisis de los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo muestra que el proyecto tiene la pretensión de eliminar algunos de los conceptos fundamentales que sostiene la Ley actual.

1. El proyecto pretende volver al modelo manicomial, centrado en los grandes hospitales monovalente. El proyecto busca eliminar el artículo 27 de la Ley Nacional de Salud Mental que prohíbe expresamente la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, y dispone que los existentes deben adaptarse a los objetivos de la ley hasta su sustitución definitiva, que debía realizarse antes del año 2020. Está ampliamente probado que la atención en hospitales generales produce mejores resultados en la atención y tiene numerosos beneficios como la descentralización, abordaje interdisciplinario, control de las prácticas e integración del sistema de salud mental como parte integral del sistema de salud general.

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2. El proyecto del Poder Ejecutivo amplía el uso de las internaciones involuntarias, que dejan de ser excepcionales, cambiando el criterio de internación de “riesgo cierto e inminente” a “riesgo grave” e incorpora un análisis contextual que habilita a considerar escenarios pasados y escenarios futuros e hipotéticos, como base para una internación involuntaria, lo que resulta en una falta grave de debido proceso. Esto permitiría que una persona sea internada sin consentimiento sobre la base de conductas pasadas o de situaciones hipotéticas y convierte una garantía pensada como excepción en una habilitación amplia.

3. Pretende excluir del campo de atención en salud mental a las problemáticas en adicciones que no están relacionadas con sustancias, como por ejemplo las ludopatías.

4. Pretende excluir al Órgano de Revisión Nacional en Salud Mental de la posibilidad de intervenir en internaciones con alta médica y sin alta “social”, práctica ilegal y extendida en la práctica, habilitando que las internaciones en salud mental sean usadas como política social reforzada.

5. Propone reemplazar el censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental por un registro sin contenidos mínimos ni periodicidad definida. Si bien el censo sólo se realizó en el año 2019, incumpliendo la norma actual, la permanencia de este artículo permite la exigencia de datos ciertos y actualizados a todos los actores que ejercemos la defensa de los Derechos Humanos de las personas con afecciones a su salud mental.

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6. El proyecto del Poder Ejecutivo promueve ampliar las funciones coercitivas a través de la posibilidad de imponer un tratamiento forzado a las personas que atraviesan una situación de salud mental, ya sea a través de una internación involuntaria (con menos garantías y controles como ya explicamos), imponiendo un régimen de alta controlada o dificultando las externaciones.

7. Busca volver al modelo psiquiátrico-céntrico disminuyendo la incidencia de la interdisciplina en el abordaje de la salud mental. Procura favorecer al médico por sobre el resto de los profesionales del equipo para ejercer cargos de conducción, con un criterio meramente corporativo.

En conclusión el proyecto del Poder Ejecutivo no resuelve el principal problema que tiene el sistema de salud mental y la aplicación real de la Ley vigente en la materia. Razón por la cual muchos usuarios del sistema de salud y sus familiares se ven decepcionados en la atención a esta problemática cuyo principal obstáculo es la falta de financiamiento para el cumplimiento integral de la Ley nacional de salud mental. No hace falta modificarla sino cumplirla.

(*) Laura Musa es directora de la Fundación Sur y diputada nacional con mandato cumplido

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