Proyecto de Defensa de la Soberanía: el Gobierno busca destrabar su tratamiento

Tras la presión de Estados Unidos para desactivar las sanciones previstas en la Ley de Soberanía contra las empresas que operan de forma ilegal en las Islas Malvinas, el Gobierno manda señales de que avanzará con la iniciativa de todos modos y negocia cambios con los dialoguistas para conseguir dictamen el próximo martes.

Fiel a su nuevo pragmatismo, el oficialismo decidió abrir la iniciativa a modificaciones para aprobarla en el recinto como sea. “La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno”, anunció el vocero Adrián Ravier, quien dio detalles de una reunión que encabezó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, con representantes de los bloques aliados con ese objetivo. La conformación y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y la amenaza a la libertad de expresión son los puntos más objetados.

Pese a la sobreactuación de Javier Milei, fanático de Margaret Thatcher ayer nomás, el proyecto de Ley de Soberanía avanza por un camino sinuoso. El texto ideado por Santiago Caputo no despertó el entusiasmo esperado entre los diputados, propios y ajenos, y mucho menos en el presidente de la Cámara, Martín Menem. La delegación de facultades en el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los aspectos más cuestionados por el Poder Legislativo. La imposibilidad de conseguir dictamen el último martes y de llevar el tema al recinto en la sesión del jueves, sumada a la nueva injerencia de la administración de Donald Trump, cuyo subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su malestar por las posibles sanciones a empresas estadounidenses, alimentó las versiones de un posible cajoneo.

El oficialismo no tiene músculo político para negociar tantos frentes, y el Presupuesto 2027 y la suspensión de las Paso son las prioridades. Sin embargo, las versiones de repliegue reactivaron a la Casa Rosada. El viernes, el asesor monotributista Santiago Caputo se encargó de desmentirlas y mantuvo un encuentro, según pudo reconstruir este diario, con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; la diputada Silvana Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán. Allí se definió aceptar las modificaciones que exigen los dialoguistas. Por la tarde, desde el entorno de Martín Menem aseguraron a este diario que piensan “avanzar lo más a fondo posible”. Los libertarios buscarán conseguir dictamen en un plenario de comisiones el próximo martes 27 o el miércoles, “a más tardar”, explicaron.

En el bloque reconocen que no llegarán a tratarlo antes del 18 de noviembre, fecha prevista para discutir el Presupuesto. “Juntar Malvinas con el presupuesto podría ser una forma de asegurarse el quorum”, dijeron desde la oposición y calificaron de “inteligente” la maniobra.

El sábado, el vocero Adrián Ravier dio más detalles en su cuenta de X. “Se realizó una reunión de avance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Casa Rosada, liderada por la Secretaría Legal y Técnica, con Diputados Nacionales donde recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ”, escribió. El peronismo negó haber realizado contribuciones. Unión por la Patria presentará un dictamen propio con foco en Malvinas. El bloque ve bien las sanciones, en línea con la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas y sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero rechaza el resto del texto. “No queremos mezclar Malvinas con ningún otro tema”, explicaron. Para UxP, el proyecto es un “caballo de Troya”. Desde ese bloque le habrían sugerido a Menem que lleve a la mesa política que solo tiene consensos para votar el capítulo de las sanciones y desechar todo lo demás.

Para destrabar la discusión, el oficialismo aceptó negociar modificaciones. Buena parte de los cambios giran en torno al artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. Un avasallamiento a la libertad de expresión. “Nosotros planteamos borrar el 111, más después de lo de ayer, que lo redacten de vuelta sacando todas las agresiones o que lo eliminen”, dijo uno de los aliados a Página/12.

El otro gran punto de conflicto es el Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el modelo de Estados Unidos. El Gobierno justifica su creación en la necesidad de que “la Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía” actúen de manera coordinada. Especialistas en defensa explicaron a este diario que en el proyecto “hay una concentración exacerbada del poder de decisión en el Presidente”. Los dialoguistas cuestionan la delegación de facultades que pretende la ley y la falta de controles. La Casa Rosada estaría dispuesta a aceptar la creación de una comisión bicameral que controle al Consejo. Además, los aliados creen que falta representación del Ministerio de Seguridad.

Sobre la conformación del nuevo cuerpo, los bloques dialoguistas pidieron tener un rol de consulta, “no una silla específica”, y atribuyen a “aspiraciones del propio Martín Menem” la idea de sumar a las autoridades del Congreso. Santiago Caputo resiste.

A los bloques aliados llegaron versiones de que el Consejo podría incluso sumar sillas para las distintas bancadas. Sin embargo, la versión final aún no se dio a conocer. Silvana Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán, están a cargo de las negociaciones. Final abierto.

Argentina Federal, uno de los bloques provinciales donde conviven misioneros y salteños, está dividido. Si bien los diputados de Salta se inclinan por acompañar la iniciativa oficial, dentro de ese espacio el misionero Alberto Arrúa busca persuadir a sus compañeros de bancada. Para el diputado, el Gobierno “pone un lindo nombre al proyecto y mete un montón de temas que nada tienen que ver con la soberanía”. Su bloque es clave porque reúne a nueve legisladores que suelen ser decisivos en una Cámara hiperpolarizada.