Radio Online
El vecino había ido a llevar comida a los efectivos policiales. Declaró que firmó un documento sin ver la evidencia y que no sabe leer.
El vecino había ido a llevar comida a los efectivos policiales. Declaró que firmó un documento sin ver la evidencia y que no sabe leer.
Un nuevo y revelador testimonio judicial volvió a colocar bajo una intensa lupa la transparencia, la rigurosidad técnica y las eventuales irregularidades en las tareas del procedimiento inicial de recolección de pruebas durante las primeras etapas de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el pequeño de cinco años cuya misteriosa desaparición en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio conmocionó a la provincia de Corrientes y al país entero. En las últimas horas, la declaración brindada ante las autoridades por Ramón González, un vecino de la zona rural que intervino de manera fortuita en el operativo de rastrillaje, arrojó severos cuestionamientos sobre el modo en que el personal policial a cargo de las actuaciones labró actas clave para la causa.
De acuerdo con lo vertido en su declaración testimonial, el episodio que ahora vuelve a encender todas las alarmas procedimentales se remonta a los primeros meses de la investigación desarrollados durante el año 2024. En aquella oportunidad, González se había trasladado hasta el establecimiento rural donde se concentraban los intensos operativos de rastrillaje y búsqueda desplegados por las fuerzas de seguridad. Su presencia en la escena no estuvo vinculada originalmente a las tareas operativas de investigación ni a la búsqueda del pequeño, sino a un gesto de colaboración comunitaria: el hombre había acudido al predio acompañando al chofer de un vehículo que transportaba provisiones, sándwiches y agua mineral destinados al consumo de los numerosos efectivos policiales que trabajaban bajo un extenuante despliegue en el terreno.
Fue en esas circunstancias, en medio del ajetreo propio del operativo de campo, cuando el personal policial que lideraba las inspecciones en el lugar resolvió interceptar a González para requerir de manera imprevista su participación formal en calidad de testigo del procedimiento de secuestro de elementos de interés para la causa. Según el documento oficial confeccionado en ese instante por los agentes actuantes, González habría presenciado de forma directa el hallazgo y levantamiento de una evidencia clave: una prenda de vestir que presentaba presuntas manchas hemáticas y que resultaba de un altísimo interés pericial para reconstruir los rastros del niño desaparecido.
Sin embargo, el testimonio presentado por González ante la Justicia desbarató la pesquisa inicial. El hombre aseguró enfáticamente que en ningún momento del procedimiento los efectivos policiales le exhibieron, mostraron o enseñaron la mencionada prenda con presunta sangre cuya recolección estaba supuestamente certificando con su presencia. El testigo sostuvo de manera categórica que fue instado a colocar su firma en la planilla administrativa presentada por las fuerzas de seguridad sin haber tenido la oportunidad material ni visual de verificar de qué tipo de elemento se trataba, ni en qué condiciones específicas había sido hallado o manipulado por las autoridades en la escena.
Como si esta grave anomalía en la custodia de la prueba no fuera suficiente para comprometer el valor legal del instrumento público, de las actuaciones judiciales trascendió otro dato sumamente alarmante sobre el perfil del testigo convocado: Ramón González no sabría leer ni escribir. Esta gravísima circunstancia particular cobra una relevancia jurídica crucial al momento de evaluar el consentimiento, las condiciones reales y la validez formal con las que se llevó a cabo la firma del documento administrativo.
A más de dos años de la desaparición del pequeño, esta nueva declaración judicial expone con crudeza las severas inconsistencias que marcaron los primeros pasos de las tareas investigativas en el territorio.
Tapa del Viernes 30 de Octubre de 2026
