
“Nosotros pensamos que lo que garantiza el precio más bajo para el consumidor es la licitación”, indicó el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
“Nosotros pensamos que lo que garantiza el precio más bajo para el consumidor es la licitación”, indicó el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
La discusión por una nueva ley de biocombustibles continúa trabada en el Congreso y el biodiesel concentra buena parte de las diferencias entre los sectores involucrados. En ese contexto, este medio se comunicó con Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien cuestionó el texto que obtuvo media sanción del Senado y sostuvo que contiene disposiciones que dificultan su cumplimiento.
“Esa media sanción se obtuvo a partir, digamos, de incorporar unos cambios a último momento que fueron injustificados y que en realidad convirtieron a la ley en algo que no se puede cumplir”, afirmó Axel Boerr. Como ejemplo, señaló que la norma establece una mezcla obligatoria del 7,5% durante el primer año, pero incorpora restricciones que, según su análisis, apenas permitirían alcanzar el 6%.
Los tres cambios que reclama CAPBA para la ley de biocombustibles
Asimismo, identificó tres puntos centrales que, desde la perspectiva de CAPBA, deberían modificarse. El primero está relacionado con el límite de 50.000 toneladas por empresa que se incorporó durante el tratamiento legislativo.
“Eso no te permite crecer”, sostuvo, y consideró que la disposición genera un tratamiento desigual entre compañías. En ese sentido, planteó que el límite debería aplicarse de manera uniforme tanto a las empresas como a los grupos económicos: “Nosotros pensamos que, digamos, ya sea empresa o grupo económico, tienen que tener un límite que garantice una atomización, se está hablando de un 10%, que ese límite sea para todos”.
El segundo cuestionamiento apunta a la definición de empresas integradas y no integradas. Para Boerr, la redacción actual permite que compañías aceiteras ingresen al segmento de las no integradas mediante la adquisición de plantas de biodiesel. “Entonces, le estás dando a los integrados espacio dentro de los no integrados. Me parece que está mal y va en contra del espíritu de la ley”, advirtió.
El tercer aspecto está vinculado con la asignación de los volúmenes y la formación de precios. A su vez, defendió la implementación de licitaciones para garantizar condiciones de competencia y reducir la intervención de la Secretaría de Energía: “Nosotros pensamos que lo que garantiza el precio más bajo para el consumidor es la licitación. Tiene que haber licitaciones”.
La disputa con las grandes aceiteras y el impacto en los precios
El entrevistado también respondió a los argumentos de las grandes empresas del sector, que consideran que el proyecto actual representa el mejor acuerdo posible. Para explicar las diferencias entre los intereses de las compañías, utilizó una comparación: “Mirá, si yo tengo un Fiat 600 y se me mancha el tapizado, me enojo, y si tengo un jet privado y se me mancha el tapizado, me enojo, pero tengo clases de problemas distintos”.
Respecto del posible impacto de una suba del corte obligatorio, explicó que el precio podría aumentar si la demanda establecida por la ley supera la oferta disponible. “Entonces, ahí en esa letra chica es donde hay problemas”, señaló. Y concluyó: “Esta ley hoy, o esta media sanción hoy, como está escrita, al no haber más oferta que demanda y al no haber licitaciones, no se asegura el menor precio posible. Y el que va a salir perdiendo es el consumidor”.