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La Justicia analiza transferencias por más de 57 millones de dólares. Sospechan de pagos irregulares a 63 sociedades en el exterior.
La Justicia analiza transferencias por más de 57 millones de dólares. Sospechan de pagos irregulares a 63 sociedades en el exterior.
La Justicia comenzó a investigar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto desvío de al menos 57 millones de dólares hacia empresas fantasma. A través de documentos secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo, las autoridades descubrieron trece órdenes de pago millonarias que llevan una firma atribuida al exdirector ejecutivo de la entidad,Gerardo León, destinadas a 63 sociedades y dos personas físicas.
Según una investigación publicada por La Nación y la Agencia Noticias Argentinas, los papeles incautados contenían instrucciones directas para la firma TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. El objetivo era que esta empresa girara los millonarios fondos a distintos beneficiarios bajo la justificación de hacerlo "por cuenta y orden de AFA".
Entre las principales beneficiadas del esquema aparecen cuatro empresas registradas en Florida, Estados Unidos (Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat), que recibieron más de 42 millones de dólares. Estas compañías compartían el mismo edificio de oficinas en Miami y, llamativamente, fueron disueltas de los registros oficiales apenas dos días después de que la prensa revelara su existencia.
La Justicia también detectó giros a otras firmas comerciales y un pago de 340.000 dólares a Alejandro Almaraz, hijo del conocido "Brujo" de la Selección Nacional, realizados entre 2024 y 2025.
Frente a la gravedad del caso, desde el entorno de Gerardo León aseguraron que la firma en los papeles fue falsificada y aclararon que en esa época él ya no era director ejecutivo, sino un simple asesor. Por su parte, al ser consultada, la máxima entidad del fútbol nacional respondió de manera contundente:"Está todo en manos de la Justicia".
Actualmente, la causa avanza en el Juzgado Federal de Campana. Para esclarecer el hecho, los investigadores realizarán pericias contables para comparar la documentación secuestrada con las facturas y los movimientos bancarios, buscando determinar quién autorizó realmente los pagos y adónde fue a parar el dinero.
