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El informe de Insight·LAC analiza el peso del comercio ilícito y remarca el rol del canal digital —que ya explica casi la mitad de la facturación de PyMEs del interior— como motor para impulsar la formalización y el empleo.
El informe de Insight·LAC analiza el peso del comercio ilícito y remarca el rol del canal digital —que ya explica casi la mitad de la facturación de PyMEs del interior— como motor para impulsar la formalización y el empleo.
El comercio ilícito representa el 5,06% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, según datos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) citados en una investigación de Insight·LAC. El estudio, titulado “Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce”, advierte que las diferencias tributarias, las barreras regulatorias y las debilidades en los controles favorecen las operaciones fuera de la economía formal y generan condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con sus obligaciones.
El diagnóstico pone el foco en las diferencias de precios entre los mercados formal e informal. En electrónica y celulares de alta gama, las brechas alcanzan entre el 30% y el 40%, mientras que en indumentaria se identificaron productos equivalentes con precios entre 2,5 y 4,5 veces inferiores a los del comercio online formal. Estas diferencias, según el informe, constituyen un incentivo para que parte de las operaciones se desplace hacia circuitos informales.
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Frente a este escenario, la investigación sostiene que combatir el contrabando requiere una estrategia que combine mejores herramientas de fiscalización con medidas destinadas a facilitar la formalización de los pequeños comerciantes. La propuesta apunta a reducir las ventajas económicas de operar fuera de la legalidad sin limitar el desarrollo de canales digitales que pueden contribuir a ampliar los mercados y generar empleo.
Entre las principales recomendaciones, Insight·LAC plantea integrar información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Aduana y organismos técnicos para identificar operaciones de riesgo. También propone simplificar trámites y requisitos que dificultan la incorporación de pequeños vendedores a la economía formal, además de revisar las regulaciones que generan costos innecesarios.
“Simplificar el sistema impositivo no significa retirar al Estado de sus responsabilidades. La respuesta pasa por fortalecer la inteligencia aduanera, integrar información pública bajo protocolos adecuados de seguridad y protección de datos, facilitar la formalización de los pequeños vendedores y evaluar las regulaciones que generan costos innecesarios”, señaló Ana Basco, directora de Insight·LAC.
En esa línea, la especialista sostuvo que el problema debe abordarse desde las condiciones que favorecen las operaciones ilegales. “El contrabando es un problema de control e incentivos, no de intermediación digital”, afirmó.
El comercio electrónico creció 9% en 2025 y alcanzó los 25 millones de compradores
El planteo se presenta en un contexto en el que el consumo minorista atraviesa dificultades, mientras que el comercio electrónico mantiene una trayectoria de expansión. Según los datos incluidos en el estudio, el canal digital registró en 2025 un crecimiento real del 9% respecto del año anterior, alcanzó los 25 millones de compradores y sumó 1,3 millones de nuevos usuarios.
Durante el mismo período se concretaron 253 millones de transacciones, un 3% más que en 2024. El avance del comercio electrónico también se refleja en su participación dentro del consumo: 15 de cada 100 pesos gastados en el comercio minorista pasaron por el canal digital.
Para Insight·LAC, estos indicadores muestran que las plataformas digitales pueden funcionar como una herramienta para ampliar las oportunidades comerciales, sin reemplazar por completo a los establecimientos físicos. El desafío, sostiene el informe, consiste en aprovechar esa expansión para impulsar la formalización y mejorar la capacidad de control del Estado.
Uno de los aspectos destacados es la trazabilidad de los pagos. En 2025, el 99% de las operaciones del comercio electrónico se realizó mediante medios distintos del efectivo, entre ellos tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales. Este registro genera información que, bajo condiciones adecuadas de seguridad y protección de datos, puede contribuir a detectar irregularidades y mejorar la fiscalización.
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La investigación también señala el impacto del canal digital sobre el empleo. El 44% de las empresas que venden a través de marketplaces incorporó personal o reasignó trabajadores durante 2025, con un promedio de cinco puestos de trabajo por empresa entre aquellas que realizaron estos movimientos, según los datos difundidos.
Las PyMEs del interior concentran casi la mitad de su facturación en el canal digital
El comercio electrónico también aparece como una vía para ampliar la actividad económica fuera de los principales centros urbanos. De acuerdo con el relevamiento de Insight·LAC, el canal digital representa casi el 48% de la facturación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) relevadas en regiones como el Litoral, el Centro, Cuyo, el Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia.
Este dato pone de relieve el papel de las plataformas en la expansión territorial de los negocios, al permitir que empresas de distintas provincias accedan a compradores que exceden sus mercados locales. En ese marco, el informe plantea que las políticas contra el comercio ilícito deben contemplar las oportunidades que ofrece la digitalización y evitar que las medidas de control terminen obstaculizando la actividad formal.
“El desafío es construir una agenda de formalización que permita aprovechar el potencial del comercio electrónico para ampliar oportunidades, fortalecer a las PyMEs y generar empleo en todo el país”, afirmó Paula Garnero, directora de Insight·LAC.
La especialista consideró que, para avanzar en ese objetivo, resulta fundamental utilizar mejor la información disponible y diseñar políticas públicas que reduzcan los incentivos a operar fuera de la legalidad.
Así, el estudio propone abordar el comercio ilícito desde dos frentes complementarios: mejorar la capacidad del Estado para detectar y controlar operaciones irregulares y reducir las barreras que dificultan el cumplimiento de las normas. La apuesta es fortalecer la competencia en condiciones más equitativas y aprovechar el crecimiento del comercio electrónico como una oportunidad para ampliar la actividad formal.
