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El proyecto radical exige 180 días de residencia real, refuerza los controles previos al cierre del padrón y contempla sanciones para quienes promuevan domicilios falsos. El disparador: las sospechas surgidas en San Francisco.
El proyecto radical exige 180 días de residencia real, refuerza los controles previos al cierre del padrón y contempla sanciones para quienes promuevan domicilios falsos. El disparador: las sospechas surgidas en San Francisco.
A través de un proyecto de ley que ingresó a la Unicameral cordobesa, la legisladora radical Brenda Austin impulsa endurecer los requisitos de residencia, establecer controles anticipados y sancionar los cambios de domicilio falsos con fines electorales, una práctica conocida como "turismo electoral".
La iniciativa tiene un trasfondo político concreto: los posibles ofrecimientos a vecinos de la zona de San Francisco para que trasladen sus domicilios y puedan votar en las elecciones de 2027. La situación llegó a la Legislatura a través de un planteo del concejal radical Marco Puricelli, quien advirtió sobre la gravedad de estas presuntas maniobras.
“Hay familias de la zona a las que les estarían ofreciendo cambiar el domicilio para votar el año que viene. De confirmarse, estaríamos ante una de las faltas más graves que puede sufrir la democracia: que otros, que no viven acá, decidan por quienes desarrollan su vida en San Francisco”, advirtió el edil de la UCR anotado en la carrera por la intendencia local.
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El foco de atención está puesto en municipios y comunas con padrones reducidos, donde las elecciones pueden definirse por diferencias mínimas, un traslado relativamente acotado de electores puede alterar el resultado. En San Francisco, por caso, la elección a intendente de junio de 2023 se definió por 2.851 votos, sobre un padrón cercano a los 58.000 electores. En localidades más pequeñas, el margen puede reducirse a unas pocas decenas de sufragios.
El núcleo del proyecto establece que, para votar en una comuna o municipio, los electores deberán acreditar una residencia efectiva de al menos 180 días antes del cierre del padrón. Actualmente, la legislación exige 90 días para las comunas, mientras que no establece un plazo específico para los municipios. La propuesta de Austin unifica el requisito y lo equipara con los códigos electorales nacional y provincial. También extiende a las comunas la exigencia de dos años de residencia para los electores extranjeros, que ya rige en los municipios.
El proyecto alcanza a las localidades regidas por la Ley Orgánica Municipal 8.102 y las normas 8.234 y 8.455. Para las ciudades con Carta Orgánica propia, plantea una invitación a incorporar controles equivalentes en sus respectivas normas electorales.
“Vamos a impulsar todas las herramientas institucionales para que estas irregularidades se investiguen a fondo. Cada vez que se armen los padrones y aparezcan cambios de domicilio irregulares, esa situación tiene que ser investigada”, aseguró Austin.
Para acreditar la residencia, la iniciativa contempla documentación de uso cotidiano, como facturas de servicios, comprobantes de tasas municipales, contratos de alquiler, escrituras y constancias laborales, educativas o sanitarias. También habilita otros medios de prueba para quienes, por su situación económica o habitacional, no cuenten con esos documentos.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa de la radical está puesto en la capacidad de anticiparse a las maniobras. Por lo cual, establece una vigilancia especial durante el último año previo al cierre del padrón, período en el que el Juzgado Electoral provincial, a cargo de Guillermo Arias, deberá monitorear los movimientos de domicilio. Si detecta un incremento fuera de los parámetros habituales, podrá abrir una auditoría de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia.
Para verificar la información, se prevén cruces de datos con Ciudadano Digital (CiDi), la Agencia de Recaudación de la Provincia y EPEC. Asimismo, se propone un sistema de auditorías permanentes, con acceso a los informes para partidos políticos y agrupaciones vecinales, bajo resguardo de los datos personales.
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La iniciativa también amplía los mecanismos de impugnación. Los partidos políticos, las agrupaciones vecinales, el Ministerio Público Fiscal, el propio Juzgado Electoral y cualquier vecino empadronado en la localidad podrán cuestionar inscripciones sospechosas, incluso antes de la publicación de los padrones provisorios.
El procedimiento, sin embargo, contempla garantías para los electores: no habrá bajas automáticas. Cada situación deberá ser verificada, con notificación al vecino involucrado y posibilidad de presentar sus explicaciones. Si finalmente se comprueba que el domicilio declarado es falso, se dispondrá su exclusión del padrón.
Sin embargo, Austin también apunta a quienes podrían estar detrás de estas operaciones. Organizar, promover, financiar o facilitar cambios de domicilio falsos será considerado una infracción electoral agravada. A su vez, los empleados y funcionarios públicos que emitan constancias o certificados para registrar domicilios ficticios incurrirán en una falta grave. En ambos casos, se prevén las sanciones contempladas en el artículo 244 del Código Electoral Provincial (Ley 9.571).
“La democracia se fortalece cuando cada voto representa a quienes viven en su comunidad. Elegir quién gobierna una ciudad es un derecho de quienes viven en ella y la construyen todos los días”, sostuvo la legisladora radical.
El proyecto lleva también las firmas de sus pares de bancada Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Alfredo Nigro, Miguel Nicolás, Fernando Luna, Oscar Saliba, Gustavo Bottasso, José Bria e Inés Contrera.
Con el calendario electoral de 2027 en el horizonte, el proyecto de Austin abre un debate que va mucho más allá de un asunto meramente técnico. Se trata de una pulseada de fondo sobre la legitimidad del voto y los anticuerpos institucionales necesarios para evitar que un padrón a medida condicione el resultado final.
