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La convocatoria alcanza a trabajadoras sexuales de distintos puntos del país y busca visibilizar la falta de derechos y protección. La decisión se tomó después de una seguidilla de asesinatos que generó preocupación en el sector.
La convocatoria alcanza a trabajadoras sexuales de distintos puntos del país y busca visibilizar la falta de derechos y protección. La decisión se tomó después de una seguidilla de asesinatos que generó preocupación en el sector.
Trabajadoras sexuales de todo el país realizan este martes 3 de noviembre un paro nacional para reclamar reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo y medidas de protección frente a la violencia que atraviesa el sector. La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), luego de una asamblea federal realizada tras el asesinato de cuatro trabajadoras sexuales durante octubre.
La medida representa un hecho inédito para la organización, que busca instalar en la agenda pública las condiciones de precariedad, desprotección y clandestinidad en las que muchas mujeres desarrollan su actividad.
La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, explicó que organizar una huelga en este sector presenta dificultades particulares, debido a que se trata de una actividad que no cuenta con reconocimiento laboral formal, empleadores identificados ni derechos específicos que permitan desarrollar una medida de fuerza tradicional.
La dirigente señaló que la convocatoria busca visibilizar una realidad atravesada por la violencia, la falta de garantías y las dificultades para organizar estrategias colectivas de cuidado.
El reclamo también está relacionado con cuatro asesinatos registrados durante el último mes. Entre las víctimas mencionadas por la organización se encuentran Débora Bordón y Bárbara Aragón, en Rosario; Daniela Villalba, en Córdoba; y Tatiana Fernández, en Retiro.
Desde AMMAR sostienen que la falta de reconocimiento y las condiciones de clandestinidad aumentan la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual. También advierten que las dificultades para compartir espacios de trabajo y organizarse colectivamente afectan las posibilidades de prevención y acompañamiento.
La organización plantea que el trabajo sexual autónomo y voluntario de personas adultas no constituye por sí mismo un delito en Argentina, aunque distintas actividades vinculadas con la explotación sexual sí están penalizadas. En ese contexto, reclama una legislación que garantice derechos y permita trabajar sin violencia ni discriminación.
Con la consigna «Ni Una Trabajadora Sexual Menos», la jornada contempla acciones de visibilización en diferentes puntos del país, intervenciones públicas, actividades territoriales y expresiones de acompañamiento a las familias de las víctimas.
Entre las actividades anunciadas se encuentra una acción frente al Congreso de la Nación, además de ollas populares y convocatorias en distintas provincias.
Desde el sindicato remarcan que el objetivo no es solamente exigir justicia por los crímenes recientes, sino también poner en discusión las condiciones estructurales que, según denuncian, dejan a las trabajadoras sexuales sin protección suficiente.
