
Juan José Ferreyra, referente de la Regional Corrientes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), detalló en Radio Sudamericana el avance de la causa contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Tras aprobarse por unanimidad la aplicación del artículo 20, la magistrada fue citada para el próximo 26 de agosto a realizar su descargo. Desde el gremio alertan sobre las maniobras dilatorias de la defensa para lograr la caducidad del expediente antes de noviembre.
Viernes 17 de Julio de 2026 - Actualizada a las: 21:45hs. del 17-07-2026
En diálogo con Radio Sudamericana, el secretario de la Regional Corrientes de la UEJN, Juan José Ferreyra, se refirió a la reciente decisión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación de citar a la jueza federal de Goya, Dra. Cristina Pozzer Penzo. La medida, enmarcada en el artículo 20 del reglamento, representa un paso clave en la denuncia por hostigamiento y acoso laboral que el gremio sostiene desde hace dos años y medio.
Ferreyra expresó su satisfacción por el avance de la causa, aunque no ocultó la preocupación que persistía en el sector ante el riesgo de que el expediente quedara en la nada. "Nuestra gran preocupación era que no queríamos que pase lo que pasó con Paso de los Libres, donde todos los secretarios la habían denunciado de forma particular y la causa caducó al pasar los tres años. Esta causa está a punto de caducar en noviembre y por eso la importancia de este paso", advirtió el dirigente gremial.
Un escenario de temor y desgaste institucional
El referente de la UEJN describió el complejo panorama con el que se encontró al asumir la conducción regional hace cuatro años, caracterizado por el temor de los empleados del juzgado de Goya a sufrir represalias. Con el tiempo, la acumulación de licencias médicas y renuncias de personal jerárquico terminó por quebrar el silencio.
"Tenían mucho temor los compañeros... hasta que se quebraron dos o tres y se empezaron a acercar. Llegó un momento en que dijeron 'no aguantamos más, hay una situación de estigmatización y de acoso'. Teníamos unos parámetros raros: jefes de despacho que renunciaban y licencias médicas que hacían referencia a cuestiones vinculadas con el trabajo, luego avaladas por la Comisión Médica Central", relató Ferreyra.
De acuerdo con el testimonio del entrevistado, el alcance del conflicto escaló tras la presentación de la denuncia formal, momento en que la magistrada habría iniciado contraofensivas judiciales contra los propios denunciantes. "¿Qué hizo la doctora Pozzer Penzo? Al secretario penal y a otro compañero los denunció penalmente y les hizo un sumario administrativo; salieron escrachados por los medios. Tuvieron que ser trasladados de Goya a Libres por la presión. Lo pedagógico es que después, tanto en la denuncia penal como en la administrativa, los compañeros fueron sobreseídos. Era otra forma de presión y coacción", denunció.
La estrategia de dilación y la acumulación de causas
Durante la última sesión de la comisión, la defensa de la jueza presentó un escrito de 300 páginas planteando nulidades y solicitando la producción de nuevas pruebas, un planteo que fue rechazado in limine por el cuerpo del Consejo, con una intervención destacada del senador Luis Juez. Para Ferreyra, esta acción responde a una clara estrategia: "¿Por qué constantemente hacen recusaciones y pretenden dilatar? Porque está esperando que la causa llegue a noviembre y caduque".
Asimismo, el dirigente reveló que la Comisión de Acusación resolvió unificar el expediente de la UEJN con otras dos presentaciones institucionales de peso. "Se acumuló la denuncia de la Unión de Empleados con una denuncia que hizo la Cámara Federal de Apelaciones y otra del Tribunal Oral Federal. Son tres causas contra la misma persona", precisó.
Próximos pasos procesales
La cita del 26 de agosto abrirá la oportunidad para que la Dra. Pozzer Penzo ejerza su derecho de defensa, ya sea de manera presencial o por escrito, momento en el que se le leerán formalmente los hechos imputados y una calificación provisional.
Posteriormente, la comisión dispondrá de un plazo de 20 días para emitir un nuevo dictamen que definirá el destino de la magistrada. Las opciones varían desde la desestimación por el beneficio de la duda, la aplicación de sanciones disciplinarias (como multas económicas o suspensiones), hasta la apertura de un jury de enjuiciamiento para su remoción definitiva.
Al ser consultado sobre si este proceso guarda alguna vinculación con el impacto mediático de la causa Loan, que se tramita en el juzgado de Goya, Ferreyra fue tajante al desmarcar el reclamo laboral de la coyuntura del caso: "Me consta y no quiero que se mezcle. Son temas que tienen que ir absolutamente por separado. Tenemos una gran preocupación por los compañeros para que no sufran acoso, y también como sociedad queremos que se haga justicia y que aparezca el menor. No queremos mezclar las cosas porque es algo muy sensible que nos duele a todos los correntinos".
Finalmente, el entrevistado concluyó remarcando el objetivo estrictamente laboral de la presentación gremial: "A nadie le gusta denunciar a su jefe o a un juez. Qué paradójico que en la justicia no haya justicia. Lo único que le pedimos al Consejo es que se resuelva, que se dé el derecho de defensa a la doctora Pozzer y que se actúe en consecuencia con las pruebas que hay, que para nosotros son sobradas".