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La iniciativa oficialista obtuvo este miércoles dictamen favorable en el plenario de comisiones, con el inusual respaldo de bloques aliados y opositores.
La iniciativa oficialista obtuvo este miércoles dictamen favorable en el plenario de comisiones, con el inusual respaldo de bloques aliados y opositores.
El plenario de comisiones del Senado dio este miércoles un paso clave para la aprobación de una nueva Ley de Discapacidad, al emitir dictamen favorable con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas de la cámara alta.
La iniciativa, que busca preservar beneficios considerados esenciales para las personas con discapacidad y sus familias, será impulsada por el oficialismo para su tratamiento definitivo en la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
De obtener la aprobación definitiva en el recinto, la ley se convertirá en una de las principales normas sociales impulsadas este año desde el Congreso, en un tema que logró construir consensos por encima de las diferencias partidarias y es observada con atención por organizaciones de discapacidad.
De hecho, el proyecto recibió el apoyo de representantes de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y espacios provinciales, una coincidencia poco habitual en un escenario político caracterizado por el antagonismo entre oficialismo y oposición.
Las claves de la nueva Ley de Discapacidad
Durante el debate, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y subrayó que el trabajo constituye una herramienta de inclusión y autonomía para las personas con discapacidad.
También destacó la continuidad de los incentivos destinados a empleadores que incorporen trabajadores bajo modalidad permanente, así como la preservación de programas de empleo protegido y de cobertura sanitaria.
La propuesta mantiene varios de los puntos centrales contenidos en la legislación de emergencia que rigió en los últimos años, entre ellos la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal. El objetivo es evitar que quienes accedan a un trabajo pierdan prestaciones fundamentales, una demanda histórica de organizaciones vinculadas al sector.
La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
